Las enmiendas de PSOE y UP plasman los puntos del acuerdo de Gobierno

PSOE y UP han presentado más de un centenar de enmiendas a la Lomloe. Entre ellas, correcciones del lenguaje (por poco inclusivo), una apuesta más decidida por la sostenibilidad o cuestiones con las que es difícil no estar de acuerdo, como el compromiso de las Administraciones públicas para garantizar a todos los estudiantes el acceso a los recursos digitales así como la competencia digital, el fomento de la investigación para la mejora, incluido el análisis de las trayectorias de los estudiantes, o el incremento de la autonomía curricular de los centros. Pero también cuestiones que generan, de entrada, un abismo con la oposición.

Así, en lo que respecta a la libertad de elección de las familias, esta deberá armonizarse en la oferta de plazas con el derecho de todos a la Educación en condiciones de igualdad, «el objetivo de cohesión social y la consideración de la heterogeneidad de alumnado como oportunidad educativa».

La Lomloe quiere acabar con los centros gueto y aspira a un incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. En el caso de la Educación Infantil, se da ocho años para extender 0-3 en esta red, tendiendo a la gratuidad, evitando así «la extensión de las privatizaciones». Como se señala en la enmienda, así constaba en el acuerdo de Gobierno.

En lo que respecta a la Educación Especial, en las discrepancias que puedan surgir se tendrán en cuenta «el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo».

En el punto que más ha costado negociar, según Unidas Podemos, por el riesgo de que se lleve a los tribunales, se pretende acabar con los conciertos en la Educación diferenciada, siguiendo el mismo camino emprendido por Cataluña el curso pasado, con un decreto por el que no se renovará el concierto a 11 escuelas que separan a los niños y las niñas.

En toda España, explica el portavoz de Educación del grupo Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común Joan Mena, no llegan a 70 los centros concertados de estas características, concentrados sobre todo en Madrid (tiene 18, que escolarizan a 18.900 alumnos, el 1,6% del total en la región) y Cataluña. Hay comunidades sin apenas centros así: cuatro en Galicia, dos en Baleares, uno en Murcia, no constan en Aragón o Extremadura, donde la Educación diferenciada que hay es en la red totalmente privada. Mena, que en 2012 promovió en Cataluña una proposición de ley para prohibir la Educación diferenciada (que CiU votó en contra), explica que no quieren ni conciertos ni subvenciones escondidas en proyectos educativos a centros privados «que segregan por sexo»: «Ha costado mucho negociarla, pero para nosotros es fundamental que no se destine ni un solo euro a a la escuela que segrega por sexo».

En Andalucía son nueve los centros concertados de Educación diferenciada y en la Comunidad Valenciana aplauden esta enmienda a la Lomloe: «Nos cuesta cada curso más de 14 millones de euros entre nóminas, módulos de conciertos y gastos de funcionamiento el hecho de estar obligados a concertar con 10 centros educativos que segregan por sexo».

Además, las enmiendas de UP y PSOE pretenden dificultar más la repetición (solo se podrá repetir dos veces en la enseñanza básica) y, aunque no suprimen el título de graduado en ESO, hacen extensivo el certificado de competencias (el que sería su sustituto) a todo el alumnado, y no solo al que salga sin título.

Las 156 enmiendas del PP y las 68 de Ciudadanos van en una línea diametralmente opuesta, con C’s aspirando a un pacto y al blindaje de la libertad de elección «frente a los prejuicios ideológicos de los políticos» y el PP proponiendo un modelo alternativo que conjugue libertad, calidad y equidad. Ambas reclaman una Selectividad única en toda España y el castellano como lengua vehicular.