La Lomloe 'desoye' las propuestas de mejora del Consejo Escolar del Estado

El Senado no sirve para mucho y el Consejo Escolar del Estado (CEE), para bastante poco. Lo corrobora la tramitación de la Lomloe, en vigor desde el 19 de enero.

En el pleno del Senado del 23D, en el que se aprobó tras rechazarse todas las enmiendas (640), el senador Eduardo Fernández Rubiño (Izquierda Confederal) se dirigía a la ministra Celaá para afearle “hurtar al Senado la capacidad de enmendar leyes”, lo que supone “una enmienda a la totalidad a la función de esta Cámara”. En cuanto al papel del CEE, la ley cuenta con su dictamen, de enero de 2019, sobre un anteproyecto que poco tiene que ver con el resultado tras su paso por el Congreso. “El equipo de la ministra hizo un texto moderado y en el Parlamento sus socios se lo radicalizaron bastante, pero ha pasado con otras leyes, que el dictamen sea sobre un texto distinto al final”, resume el presidente de Ancaba y miembro del CEE, Felipe de Vicente.

Más reciente que el dictamen, publicado en diciembre, el informe anual del CEE, que concluye con 147 propuestas de mejora, tampoco se ha tenido en cuenta. El Ministerio desoye 90 de ellas, entre las que también hay recomendaciones dirigidas solo a las comunidades autónomas. Sobre las que atiende (21), las hay relacionadas con la igualdad, la sostenibilidad, la inclusión, lo rural, la existencia de plazas públicas suficientes, una mayor participación o la Educación Infantil. Entre las que desoye, las relativas a una mayor homogeneidad en el sistema o a un mayor consenso, la reducción de las ratios, el incremento de la inversión hasta la media europea, la enfermera escolar o un plan de reforma de los centros para garantizar la climatización, eficiencia energética y renovación del aire. Oye a medias (o está en ello) 33, sobre todo las que hacen referencia a la FP, con una nueva ley en ciernes. Pero también la que pide un cuerpo único de profesores de la Pública (A1), pues se queda en la equiparación del profesorado técnico de FP con el de Secundaria, o la que reclama que las familias puedan decidir sobre la repetición (lo hará el equipo docente).

Esta última propuesta procede de un estudio técnico del CEE sobre el éxito en otros países que tampoco se ha tenido en cuenta, pues apunta a medidas como la eliminación del título de ESO, la introducción de distintas vías desde 2º de ESO o una tercera vía en la Secundaria postobligatoria, aparte de Bachillerato y FP.

Para De Vicente, las propuestas del CEE adolecen del mismo mal que las leyes educativas en España: “Son larguísimas, quieren abarcar demasiadas cosas”. Tanto unas como otras deberían ser a su juicio más reducidas y concretas, para poder hacer un seguimiento después.

Entre los aspectos de la Lomloe que le generan dudas sobre su aplicación figuran, por ejemplo, la posibilidad del Bachillerato en tres años o la nueva modalidad: General. Puede sonar bien, pero les va a complicar la vida a los centros, excepto que sean grandes, con muchos grupos, lo que les permite muchas combinaciones posibles.

Para el presidente de la federación de directores de instituto Fedadi, Raimundo de los Reyes, “está el miedo de que en centros pequeños, con poco alumnado para las distintas modalidades, el Bachillerato General se convierta en una especie de comodín, pero hay que esperar a ver cómo se concreta”. En cualquier caso, lamenta, “se tiene la sensación de que cada evolución del sistema aporta más complejidad, sin que esté claro que redunde en una mejora. Seguramente la simplificación sí aportaría mejoras”. Agradece, eso sí, que se haya acabado con la clasificación de asignaturas Lomce en troncales, específicas y de libre configuración autonómica, que generó un “galimatías” en el Estado, con cada comunidad con una oferta y una carga horaria distinta.

Por su parte, Fernando Villalba, desde el sindicato STEs, advierte de que en la ley hay medidas que no incluyen cuándo se aplicarán: “Los cambios que introduce la Lomloe y no figuran en el calendario de aplicación son un brindis al sol”, concluye.

En el mismo día en que entra en vigor la Lomloe, el 19E, Fernando Villalba (STEs) la analizó en el webinar La Lomloe explicada en una hora. Aquí da unas pinceladas de cuándo empezarán a notarse sus cambios.

• Financiación. En dos años, en 2023, debe estar en marcha el plan de incremento del gasto público, con un aumento hasta un mínimo del 5% del PIB. No figura, como se pide en el informe del Consejo Escolar del Estado, un gasto educativo básico, con una inversión mínima que garantice la igualdad de oportunidades de todos los alumnos españoles, recogida en un Pacto de Estado.
• Gratuidad. Las cuotas de la Concertada deben ser voluntarias: No se podrá «imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias». Se constituirá una comisión en la Conferencia Sectorial, con patronal y sindicatos, para analizar la cuantía de los módulos de concierto. Sus conclusiones se incluirán en el plan de incremento del gasto público de 2023.
• Carrera docente. La ley se da un año, hasta 2022, para elaborar una norma que regule formación inicial y permanente, acceso y desarrollo profesional docente, entre otros.
• Educación Infantil. En el plazo de un año, el Gobierno deberá elaborar un plan a ocho años para la extensión del 0-3 con una oferta pública «suficiente y asequible», con calidad y equidad y garantizando su carácter educativo, tendiendo a la gratuidad y priorizando el alumnado en situación de pobreza y las zonas rurales. Será ya en 2030.
• Inclusión. El plan es a 10 años, hasta 2031, para que los centros ordinarios cuenten con los recursos para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
• Agenda 2030. La Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial se incluirá en las oposiciones desde 2022.
• ‘Sine die’. No se pone fecha a la extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional.