Disparidad educativa: la matrícula en Infantil, más del doble en Madrid que en Canarias

Son resultados del informe anual Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, presentado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación, que propone avanzar hacia una mayor convergencia y dirigir los esfuerzos, especialmente, a las autonomías con peor rendimiento. El estudio analiza, desde el año 2014, la situación de la educación en España a partir de fuentes estadísticas nacionales e internacionales y ofrece una síntesis de los indicadores más relevantes.

La escolarización de los niños de 0 a 2 años

En la comparación de las tasas de escolarización en el tramo de 0 a 2 años, el estudio observa grandes diferencias entre comunidades o ciudades autónomas. Las tasas más elevadas del curso 2021-22 están en el País Vasco (53,8%) y Madrid (51,7%), y las más bajas en Ceuta (21,4%) y Murcia (21,7%). En líneas generales, añade, hay un «notable incremento en esas tasas en la última década», con aumentos que superan los treinta puntos porcentuales en Extremadura (31,6) o La Rioja (34,9). En cambio, la tasa ha permanecido estable en Castilla-La Mancha, que ha pasado de ser de las comunidades con la tasa más elevada en el curso 2011-12 (33,8%) a situarse por debajo de la media (41,4%) en el curso 2021-22, con un 33,9%.

Según uno de los autores del informe, el investigador y profesor de la Universidad de Zaragoza Eduardo Sanz-Arcega, en los indicadores analizados se evidencian también las diferencias en las tasas de idoneidad a los 12 y 15 años. De esta manera, la variabilidad en el porcentaje de alumnado de 12 años que no está en el curso que le corresponde por su edad entre Cataluña y Murcia es de 12,1 puntos porcentuales, una diferencia que se hace aún mayor en los estudiantes de 15 años de ambos territorios, llegando a alcanzar los 17,8 puntos porcentuales.

Acerca del nivel educativo de la población de 25 a 64 años en 2022, destaca el «todavía alto índice» con nivel inferior a segunda etapa de Secundaria –4º de ESO, Bachillerato y FP Básica y de Grado Medio–, pese a su evolución positiva en los últimos años hasta ser inferior al de la población con estudios de Educación Superior (un 41,1% frente a un 35,8%). Asimismo hay una «notable disparidad» en educación terciaria (FP de Grado Superior y Universidad): en 2022, la mayor proporción de estos titulados se dio en el País Vasco (56,4%) y, en el polo opuesto, solo el 32% de los extremeños terminó estudios terciarios, con un 48,3% sin estudios más allá de la Secundaria de primera etapa (tres primeros cursos de la ESO).

Cataluña es la comunidad en que más ha crecido el porcentaje de la población con estudios terciarios en los últimos diez años, del 32,8% en 2012 al 44,7% en 2022. En Canarias se observa la mayor caída del porcentaje de la población con estudios por debajo de la Secundaria de segunda etapa (4º de la ESO, Bachiller y FP Básica y de Grado Medio), desde el 51,1% en 2012 al 36,2% en 2022.

Estos datos ponen de manifiesto «la necesidad de orientar las políticas a la mejora de resultados en todo el territorio nacional y dirigir los esfuerzos, especialmente, a aquellas comunidades con más bajo rendimiento educativo». Para ello, el profesor de la Universidad de Zaragoza propone dar  más relieve a las conferencias sectoriales y reforzar el papel de la Alta Inspección y de la evaluación.

Ana Hidalgo economista de la UAM, ha recordado que el 66% del presupuesto en educación se dedica a la retribución docente. Dado que el profesor es fundamental para el aprendizaje del estudiante, la eficiencia del sistema educativo está estrechamente relacionada con la atracción y retención de los mejores docentes, así como con la formación y actualización de la plantilla.  Además, ha sugerido en su intervención estudiar una política de incentivos salariales ligada a la evaluación del desempeño docente, lo que permitiría reconocer el trabajo de los más motivados y hacer más atractiva la profesión.

Hidalgo ha coincidido con otros autores del informe en la importancia de disponer de datos que ayuden a evaluar las políticas educativas y afinar en la dirección de mejora. Ha reivindicado más autonomía en la gestión de recursos humanos y financieros por parte de los centros, así como una mayor rendición de cuentas en los colegios. Por último, en lo relativo a la formación del profesorado, ha señalado que los programas de tutoría y retroalimentación a profesores, donde los mejores apoyen a los recién incorporados, impulsen el desempeño e incentiven la creación de ambientes de trabajo más colaborativos.

En este sentido, otro de los autores, Álvaro Ferrer, politólogo y responsable de Innovación Social de Save the Children, ha sugerido explorar incentivos para que el profesorado “que muestra mejor desempeño, trabaje en los colegios con más alumnado en desventaja”. Ha añadido que “tenemos ahora la oportunidad de redistribuir equitativamente y focalizar más recursos en los colegios en mayor desventaja social. Pero para eso necesitamos datos: no conocer las necesidades hace aún más difícil que podamos asignar equitativamente más recursos a los centros educativos más necesitados”. Ha propuesto además revisar el papel de la tutoría como instrumento de acompañamiento al alumnado y conectar la escuela con los servicios sociales para entender mejor el contexto del alumnado y detectar de manera preventiva la desigualdad.

Por su parte, Manuel Valdés (UNED) autor de la parte descriptiva del informe, además de hacer una síntesis de los indicadores más relevantes de esta edición, ha aportado algunos datos sobre la situación del profesorado, destacando que el número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias de régimen general ha alcanzado la cifra más baja en los últimos 20 años, situándose en 10,8; que el número de profesores en enseñanzas no universitarias de régimen general se ha incrementado un 14% en los últimos nueve años; que el profesorado que imparte clases en los niveles de ESO, Bachillerato, y FP en centros públicos ha aumentado un 29% en los últimos siete años; y, finalmente, que el tamaño medio del aula en Educación Secundaria Obligatoria se situó en el año 2020 en 25,4 alumnos, por encima de la media OCDE (22,6) y de la Unión Europea (20,9).

Para Valdés, “existe una importante desigualdad por origen social en la elección de modalidad de Bachillerato y los docentes pueden jugar un papel fundamental a la hora de reducirla”. Los alumnos de extracción social baja no solo abandonan tras la ESO en mayor proporción o se matriculan más a menudo en Grado Medio, sino que, cuando eligen Bachillerato, es más probable que elijan las modalidades de Artes, Humanidades o Ciencias Sociales”. No quiso dejar de recordar, ante las evidencias sobre las brechas de género en las diferentes ramas de estudio que, “afortunadamente, el porcentaje de mujeres entre el alumnado matriculado en Ciencias y Tecnología está cada vez más cerca de la paridad, aunque es muy probable que existen fuertes diferencias entre la modalidad de Ciencias (más feminizada) y la de Tecnología (más masculinizada)”.

Sobre los comentaristas de esta edición

Sobre el informe, Mercedes Esteban explicó que “las fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación seleccionan cada año a un grupo de expertos que se detienen brevemente en el comportamiento de nuestro sistema educativo. Tras estos nueve años de trabajo, Indicadores no solo acumula una valiosa información sobre lo que nos caracteriza, sino que aporta un enfoque sistémico de la educación en España basado en evidencias”.

En el primer capítulo de esta última edición, La educación en España, Eduardo Sanz-Arcega (Universidad de Zaragoza), reivindica y justifica el papel de la educación como palanca de integración y condición para el bienestar de las personas. Álvaro Ferrer aborda la importancia de adoptar medidas de prevención para paliar la desigualdad, un enfoque que, en su opinión, debería anteponerse a cualquier diagnóstico sobre el estado de la educación; y, por último, Miguel Ángel Sancho, presidente de Sociedad y Educación, señala los desequilibrios regionales que existen en España y la necesidad de orientar las políticas a la solidaridad interterritorial y a la mejora de resultados en todo el conjunto del territorio nacional.

En el capítulo destinado a Recursos educativos, firman Ana Hidalgo-Cabrillana (Universidad Autónoma de Madrid) y Cristina López-Mayán (Universitat de Barcelona). Ambas coinciden en colocar las condiciones en que el profesorado desarrolla su actividad profesional en el centro de cualquier política educativa.

En el tercer capítulo, destinado a Resultados, Julio Carabaña (Universidad Complutense de Madrid) abunda en el polémico tema de la segregación social entre las escuelas, mientras que Jenifer Ruiz Valenzuela (Universitat de Barcelona (UB) e Institut d’Economia de Barcelona, IEB) profundiza en la preocupante evidencia sobre las brechas de género en el sistema educativo español. Manuel Valdés se centra en las desigualdades observadas en la transición a la Educación Secundaria Superior y Juan Carlos Rodríguez (UCM e investigador de Analistas Socio-Políticos) reflexiona sobre los resultados escolares mediados por los efectos del periodo pandémico. Finalmente, Carmen Pérez-Esparrells (Universidad Autónoma de Madrid) y Enrique Orduña-Malea (Universitat Politècnica de València), relacionan la lectura de tesis doctorales con la dinámica de generación de nuevo conocimiento nacional e internacional y con la captación de talento.

Por último, los comentaristas del cuarto capítulo, Jorge Sainz (Institute of Policy Research de la University of Bath), María Teresa Ballester (Universidad Rey Juan Carlos), y Teodoro Luque (Universidad de Granada) se suman a la discusión sobre la eficacia de cursar, a medio y largo plazo, algunas titulaciones desde la perspectiva de su empleabilidad (los dos primeros autores) y desde la perspectiva de la satisfacción de los estudiantes (T. Luque).