La concertada pide el mismo alza salarial del 11% que los docentes públicos
Imagen de archivo de una de las reuniones de FSIE con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.
Ante el pacto alcanzado que prevé un alza salarial del 11,4% hasta 2028 para todos los empleados públicos y que será progresivo y empezará con el 2,5% en 2025, el sindicato de la concertada apoya la medida, ya que supone una recuperación del poder adquisitivo perdido, pero advierte de que su impacto real dependerá de que haya una norma y de que su extensión al personal de la enseñanza concertada «sea inmediata y efectiva».
El secretario general de la FSIE, Enrique Ríos, avisó recientemente al secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, de la preocupación de la organización por el riesgo de que una deficiente articulación normativa por parte del Estado retrase su materialización en el convenio colectivo de la enseñanza concertada y acabe aplazando una vez más la mejora de unos salarios «ya claramente insuficientes».
La FSIE reclama a las administraciones autonómicas la activación urgente de las medidas y recursos necesarios para que el abono pueda realizarse el próximo mes de diciembre —una vez se concrete la norma— con efectos retroactivos desde enero de 2025, evitando que una nueva incertidumbre prolongue la precariedad. «La mejora aprobada para los funcionarios es una referencia clara para la concertada, y no resulta aceptable que, tras el anuncio oficial, surjan más retrasos u obstáculos administrativos», señala el sindicato en un comunicado.
La reciente subida salarial pactada para los docentes de la enseñanza pública ha reactivado una vieja demanda del sector concertado: la equiparación real de condiciones laborales. Según el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Educación y los sindicatos del ámbito público, el profesorado funcionario verá incrementado su salario un 11,4 % hasta 2028, con una primera subida del 2,5 % ya en 2025. El anuncio ha motivado una reacción inmediata del sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, FSIE, que reclama que ese mismo incremento se aplique «de forma inmediata y efectiva» a los docentes de su red.
FSIE considera que esta subida responde a una necesidad objetiva de recuperar poder adquisitivo perdido durante años. Por ello, subraya que si la subida en la pública se formaliza mediante norma de rango suficiente, debe ser extensible de forma automática a la concertada. Además, exige que la actualización salarial completa se realice también en 2026, y no en fechas posteriores, como apuntan algunas comunidades autónomas.
FSIE ha reiterado que la mejora en las condiciones económicas del profesorado no puede generar nuevas brechas entre redes educativas. La organización recuerda que los docentes de la concertada imparten los mismos currículos y tienen responsabilidades similares, por lo que no deberían quedar al margen de mejoras salariales estructurales.
Enrique Ríos, secretario general de FSIE, señaló en una reciente entrevista en MAGISTERIO que «a nivel estatal estamos en torno a un 96,97 %» respecto al salario de los docentes de la pública. Sin embargo, matiza que «hay otros muchos elementos, incluyendo también el salarial, complementos que se hacen efectivos en la pública que no se remuneran en la concertada». Considera que la diferencia salarial «no está justificada en una simple oposición» y subraya que «los profesores de la concertada nos tenemos que examinar todos los días, todos los meses, todos los años».
La brecha no se limita a la retribución económica. Ríos advierte que «el profesorado de la concertada tiene más horas lectivas que el de la pública»: 25 frente a 18 en Secundaria, y 25 frente a 23 en Primaria. A eso se añade que «en la mayoría de comunidades el recreo en Infantil y Primaria no se cuenta como lectiva en la concertada, mientras que en la pública sí», lo que incrementa la carga semanal en «dos horas y media más».
La jornada continua, generalizada en la red pública, tampoco se ha implantado en la concertada, donde predomina el modelo de jornada partida. Todo ello repercute, según FSIE, en una menor calidad de vida laboral y en una sobrecarga estructural para el profesorado concertado.
La mejora de las condiciones salariales, advierte Ríos, no puede producirse sin resolver la infrafinanciación del sistema. «El coste del puesto escolar en un centro público está en torno a 5.500 euros, y en uno concertado en torno a 3.600», lo que significa que «la concertada recibe un 60 % real del coste». A su juicio, «lo único que falta es voluntad política de querer reconocer esto».
Desde FSIE se insiste en que una equiparación efectiva no sólo tiene que ver con la nómina mensual, sino también con el reconocimiento profesional. Reclaman que las administraciones educativas dejen de diferenciar entre redes a la hora de aplicar mejoras o reformas, y exigen un trato igualitario que reconozca el papel que la concertada desempeña en el sistema educativo.
