Rafael van Grieken: “Hay 11.000 alumnos más que promocionan con el nuevo calendario escolar”

Durante esta legislatura, el Partido Popular ha seguido apostando en Madrid por su oferta de serie: el programa de enseñanza bilingüe, la formación continua del profesorado, la autonomía de los centros en cuanto a la definición de su proyecto educativo, la atención a la diversidad y la libertad de las familias a la hora de elegir el modelo educativo que prefieren para sus hijos. Sin embargo, Van Grieken desliza que puede haber novedades de cara a la próxima legislatura como abrir la puerta otra vez a la concesión de nuevos conciertos, tal y como se hizo en la etapa Figar. Eso sí, deja claro que ahora que vienen tiempos de mayor fragmentación del espectro político con la irrupción de nuevos partidos, lo primordial es el consenso, puesto que «en Educación los resultados son siempre a medio y largo plazo».

Pregunta. El Gobierno de la nación presentó en el último Consejo de Ministros su reforma educativa sin posibilidad de poder tramitarla. Esto ha sido criticado como un gesto de puro electoralismo. ¿Qué le parece?
Respuesta. — El objetivo realmente era mandar ese mensaje a su electorado. No tenía ninguna pretensión de mejorar el sistema educativo. Ha sido permanentemente un ejercicio que solo pretendía una cuestión: derogar lo anterior sin mirar hacia delante. Ha sido un gesto con un único objetivo, que quedase plasmado que el Gobierno ha cumplido con su función proponiendo la derogación de la Lomce, pero nada más. Me parece una forma muy triste de hacer política.

En la reforma parece que no hay mucha novedad. ¿Es una vuelta a la LOE como se ha dicho?
—Sin duda. Al final era volver atrás sin aportar nada nuevo porque, insisto, el único objetivo que tenían era derogar la Lomce. Por no hablar de las formas… Si en política siempre es deseable el consenso, en esta ocasión ha habido un auténtico desprecio hacia el resto de posiciones. Simplemente tenían un objetivo político y han utilizado el Consejo de Ministros como un instrumento de propaganda electoral. ¿Cómo se puede volver a una ley de hace años ante los nuevos retos que tenemos que afrontar en el futuro? Lo único que pretendían era borrar esa huella porque para el PSOE, principalmente, y para la izquierda, en general, no puede haber un gobierno del PP que ponga en marcha una ley educativa. Las leyes educativas tienen que ser de la izquierda: esa es la premisa.

Tuvo un rifirrafe con la ministra a cuenta de la supresión de ese epigrafe de la Lomce que reconoce a los padres y madres como primeros responsables de la educación de sus hijos. ¿Cómo fue este episodio?
— Nosotros creemos y confiamos en las familias y en su criterio. Sin embargo, el posicionamiento del Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra Celaá es el de modelo único, según el cual los padres intentarán hacerlo lo mejor posible, pero quien realmente les va a decir qué es lo mejor para sus hijos es el Estado. Se trata de un modelo de escuela única que ataca la autonomía de los centros educativos, sus proyectos singulares y esa libertad de las familias que, particularmente, incide mucho en Madrid, ya que disponemos de una oferta educativa enormemente plural. Somos un partido que cree firmemente en esa iniciativa privada y en el beneficio de la libertad y de la autonomía, con respecto a quienes consideran que tiene que haber un modelo único de escuela.

La ministra le respondió que ella entendía que por encima del derecho de los padres está el derecho del menor.
— No hay, en principio, nadie más que quiera lo mejor para sus hijos que sus propios padres. Esto parece obvio. Es en casos muy excepcionales cuando el Estado tendría que tomar medidas. Pero en condiciones normales, las familias son las primeras interesadas en dar lo mejor para sus hijos.

Pasemos a dos temas polémicos: calendario escolar y libros de texto. ¿Qué piensa hacer con respecto al adelanto de los exámenes de septiembre a junio?
—Vamos a evaluar ese cambio después del curso 2018-19. Después se verá si seguimos con ese cambio de calendario o pasamos al calendario anterior. Hasta ahora, el primer indicador que hemos visto es que hay 11.000 alumnos más que promocionan con este calendario. Estamos hablando de un incremento del 3%. El segundo indicador es que todo esto también tiene consecuencias positivas desde el punto de vista de la organización del curso, porque los exámenes de septiembre impedían comenzar con antelación. El tercero es que hay gente que se puede permitir tener a sus hijos estudiando en academias o con apoyo en verano, pero hay otras personas que no se lo pueden permitir. Y el último indicador es que este calendario refuerza la idea de la evaluación continua. No obstante, sigue habiendo retos, sobre todo qué hacer con aquellos que han aprobado todas las asignaturas. Durante el periodo de exámenes les tenemos que ofrecer actividades que les sirvan para seguir aprendiendo de manera diferente.

¿A qué se debe que hayan promocionado 11.000 alumnos más con este calendario?
— No lo tenemos confirmado pero intuimos que se debe al hecho de que los alumnos que han suspendido cuentan durante dos semanas con el apoyo escolar de los mismo profesores que les van a volver a examinar. Cuando la recuperación era en septiembre no contaban con ese apoyo.

El Programa Accede de libros de texto ha dejado la organización en manos de los centros. ¿La Administración se ha desentendido?
— Lo que dice la ley es que la Administración es la responsable de adquirir esos libros de texto. Pero si nosotros creemos en la autonomía de los centros, ¿qué mayor autonomía que la elección de los libros? Por eso, lo tienen que hacer ellos que son los que tienen la responsabilidad de elegir esos libros y por lo tanto, también tendrán la capacidad de adquirirlos. Porque los libros de cada centro no van a ser iguales.

¿Entiende que haya centros educativos que estén renunciando a entrar en Accede para evitarse esa sobrecarga de trabajo?
—Les hemos dado a los centros un programa informático para la gestión, además de una ayuda de entre 2.000 y 3.000 euros para esos momentos críticos de recogida y entrega de libros. Ese dinero es para que puedan tener una ayuda adicional y no sean los equipos directivos o los profesores los que carguen con esta tarea. También hemos nombrado a un coordinador del Programa Accede que va a recibir un pequeño complemento durante todo el curso por la gestión.

¿Un centro público puede renunciar al Programa Accede?
— Pueden renunciar las familias, pero un público no puede porque las familias tienen derecho a solicitarlo. Aunque haya un 5% de alumnos que quieran participar en ese programa, nosotros tenemos la obligación de asegurarles la participación.

¿Y un concertado?
— El titular del concertado sí que podría renunciar.

¿Este sistema favorece a las grandes empresas y perjudica a las pequeñas librerías?
— Esta ley –que ya hemos dicho que no nos gusta y que no es nuestro modelo– no dice que se dé un dinero a las familias para que compren libros en cualquier librería. Lo que dice es que la Administración tiene que adquirirlos. Hemos buscado la manera de hacer compatible esto a través de un acuerdo marco. Ese acuerdo marco divide a Madrid en 27 lotes buscando la proximidad que beneficia a los pequeños proveedores, además de unas limitaciones de 23.000 euros de venta anual, que es poner el listón lo más bajo posible y, de hecho, el 80% de las 200 entidades que se han presentado son librerías. Técnicamente hemos puesto todo lo posible para que las librerías pequeñas puedan participar. Eso sí, participan en una licitación pública.

¿Cuál es la diferencia entre la impronta educativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la etapa de Cristina Cifuentes y la nueva que se abre ahora con Isabel Díaz Ayuso?
— Yo estoy absolutamente convencido de que los que vengan por delante tendrán esa continuidad en aquellas cosas que se han convertido en un éxito para la Educación madrileña. Yo no veo que el próximo gobierno del PP dé de lado al programa de enseñanza bilingüe, no apueste de manera firme por la formación continua del profesorado, no siga incrementando la autonomía de los centros a la hora de definir su proyecto educativo, que vaya a detraer la libertad de las familias a la hora de elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos. Creo que la política educativa de la Comunidad de Madrid en su fundamento ha seguido una trayectoria basada en la libertad y en la igualdad de oportunidades. Vienen tiempos que no son de mayorías absolutas y que necesitan llegar a un consenso. Un consenso que es muy necesario en Educación donde esos resultados son a medio y a largo plazo.

¿Alguna novedad habrá en el PP de Casado? Por ejemplo, Díaz Ayuso en unas declaraciones recientes abrió la puerta a nuevos conciertos…
—Sí, habrá novedades. Y es evidente que esto evolucionará porque nosotros creemos en los conciertos en Madrid. Hay un nuevo decreto de enseñanza concertada que saldrá a la luz pronto, antes de que acabe la legislatura. Por otro lado, hemos puesto en marcha el cheque Bachillerato y su extrapolación puede llegar a concertar el Bachillerato en el futuro. El Gobierno del PP ha creído siempre en esa libertad y siempre la hemos promovido. Por eso, un 30% de los alumnos está en la Concertada, un 55% en la Pública y un 15% en la Privada. Para mejorar no hace falta derruir, solo modificar aquello que haga falta.

¿Ese decreto de Concertada, ¿para cuándo?
— Ese decreto de Concertada está ahora mismo en fase de informe de la comisión jurídica asesora y es un decreto que verá su luz antes de que acabe la legislatura. Se ha tramitado con total transparencia.

¿Cuáles son las diferencias educativas del PP con respecto a Vox, que quiere un cheque escolar, y a Ciudadanos?
—Yo creo que el cheque escolar es una propuesta muy liberal, pero necesita de una buena enseñanza pública de calidad. Yo a la enseñanza concertada no la he oído abogar por ese cheque escolar porque la enseñanza concertada tiene una función social que no se cumpliría tan claramente con ese concepto de cheque. Puede ser algo que desde luego ellos puedan desarrollar y tendrán que explicar. No obstante, nuestra idea es combinar una buena enseñanza pública con unos conciertos y a su vez como estamos haciendo con los cheques de Educación Infantil o los cheques de FP. O sea, tenemos un sistema mixto que creemos que es el que funciona.

¿Y con respecto a Ciudadanos?
—Ciudadanos depende del día porque podemos coincidir con cualquier programa sin que tengan una identificación clara. El problema de Ciudadanos es que no tienen una identidad clara. Aparentemente son defensores de los conciertos, pero una de sus primeras decisiones fue quitar tres millones en un debate que había sobre presupuestos de la enseñanza concertada. Se trata de algo que es difícilmente compatible. Yo creo que la característica principal de la política educativa del PP, y donde yo desde luego trataría de seguir moviéndome, es en el equilibrio. Por un lado, abogar por la libertad de los padres a la hora de elegir la Educación de sus hijos, por la autonomía y por la diversidad, así como apostar por una buena Educación pública y a la vez ofrecerles los cheques de Infantil o FP y conciertos.