La concertada catalana rechaza el decreto de admisión por ir contra el derecho a elegir

Los representantes de los titulares, las familias y el personal trabajador de las escuelas concertadas han presentado 121.604 alegaciones contra el decreto de admisión de alumnos porque, entre otras razones, "no asegura una financiación suficiente para escolarizar a los alumnos" y va contra el derecho a la libre elección de centro.
RedacciónMartes, 11 de febrero de 2020
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El conseller Bargalló en una reciente comparecencia parlamentaria.

Como representantes del colectivo de escuelas concertadas, miembros de la Confederación Cristiana de Padres y Madres de alumnos de Cataluña (Ccapac) y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres (Fapel) han presentado esta mañana las alegaciones en el Departamento de Educación. En el escrito de alegaciones presentado, el colectivo de escuelas concertadas alega que “la financiación insuficiente provocará un sobrecoste que deben sufragar los padres, o la asfixia económica de la escuela”. Por ello, aseguran que el proyecto de decreto “no cumple el pacto contra la segregación escolar” promovido por el Síndic de Greuges.

Alegan también que el decreto “pretende restringir el derecho de los padres y las madres a la elección de escuela, porque se pueden suprimir unidades antes de que los padres hayan podido manifestar sus preferencias”. Asimismo, alegan que el proyecto de decreto “otorga atribuciones impropias a las Oficinas Municipales de Escolarización y en las Comisiones de Garantías de Admisión”.

El decreto pretende restringir el derecho de los padres y las madres a la elección de escuela, porque se pueden suprimir unidades antes de que los padres hayan podido manifestar sus preferencias

Según el sector concertado, estas atribuciones “van en perjuicio de las competencias de los titulares los centros concertados o los directores de los centros públicos en cuanto a gestión solicitudes de admisión, organización de las jornadas de puertas abiertas o información a los padres, entre otros aspectos”. Sobre este punto, en las alegaciones concretan que la programación de puestos escolares y el proceso de preinscripción y matrícula “inciden de manera directa en el derecho fundamental a la Educación, a la elección de centro docente por parte de los padres, madres o tutores de los alumnos y al de creación y dirección de centros docentes”. Los firmantes añaden que la conducta de la Administración en torno a estos procesos “no puede estar dirigida por directrices de eminente peso político ideologizado”.

Según la Concertada, la admisión de alumnos “debe basarse en la tutela del derecho fundamental de los educandos a recibir la enseñanza básica obligatoria de forma gratuita, a la libertad de creación de centros docentes y en el servicio objetivo al interés público que debe inspirar su actuación”.

En un comunicado, tras criticar que el anteproyecto “haya estado sometido solo durante siete días hábiles a información pública” y “constatar el gran apoyo que ha tenido este trámite de información pública”, la Concertada ha reiterado “su voluntad de diálogo” y ha pedido “disponibilidad del Govern para modificar a fondo el tratamiento del procedimiento de admisión”.

Firman las alegaciones la Agrupación Escolar Catalana, Asociación Profesional Servicios Educativos de Cataluña, Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña, Federación Catalana de Centros de Enseñanza de Cataluña, Fundación Escuela Cristiana de Cataluña Confederación Cristiana, Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de las Escuelas Libres de Cataluña.

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