Ossorio: "La Ley Celáa obligará a tirar a la basura dos millones de libros"

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, lamentó que la Comunidad de Madrid tendrá que «tirar a la basura» dos millones de libros de texto de su sistema de préstamo gratuito por la modificación del currículo educativo como consecuencia del desarrollo de la Ley Celaá.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a una exposición sobre las adaptaciones cinematográficas del teatro del Siglo de Oro en la Casa Museo Lope de Vega, Ossorio explicó que la Ley Celaá afectará «muy poderosamente» al sistema de préstamo de libros de texto que se lleva aplicando ya tres cursos en la Comunidad de Madrid.

«Cada año crece notablemente el número de alumnos. No tenemos queja alguna ni de las familias ni de los centros, con lo cual deduzco que es un sistema que está funcionando muy bien», indicó el consejero de Educación.

Lamentó que, «desgraciadamente», en el curso 2022-2023, la Comunidad de Madrid tendrá que «tirar a la basura» la mitad del banco de libros que ha creado y, en el curso 2023-2024, la otra mitad, porque «como se modifica totalmente el currículo, esos libros ya no van a valer», pese a que generaron un gasto de más de 50 millones de euros para la Administración regional.

«Vamos a tener que replantearnos qué hacemos con este sistema de préstamo de libros», un sistema en el que los libros tienen que durar cuatro años y las familias se comprometen a conservarlos, lo cual también es «un buen aprendizaje para los alumnos», ha apuntado el consejero de Educación.

Ossorio señaló que le parece «muy triste» tener que «tirar a la basura» dos millones de libros de texto para modificar el currículo educativo con el objetivo de que «los alumnos tengan menos conocimientos» y de «implantar una serie de sesgos ideológicos en el alumnado».

En este sentido, el consejero madrileño se ha mostrado dispuesto a «enderezar» la Lomloe en el margen de sus competencias, mostrando un gran afán, en concreto, por blindar la elección de centro y completar el currículo, dado que el 40% del mismo es competencia autonómica. Además, se pretende alegar ante el Ministerio el decreto de promoción y titulación, por considerar que genera inseguridad jurídica para los docentes. Por otra parte, con la Ley Maestra educativa se pretenden frenar los aspectos más lesivos de la Lomloe para la Administración madrileña, sobre todo en lo que respecta a la Concertada y a la Educación Especial.

Dicha ley es anterior a la llegada al Ministerio de Educación de Pilar Alegría, que en los meses que lleva en el cargo se ha esforzado por suavizar la confrontación con la Concertada, de la que ha dicho, en una entrevista en la Cadena SER, que «juega un papel clave» dentro del sistema educativo y que, ha recordado, es un legado socialista, pues la doble red surge en 1985 de la mano de José María Maravall, al tiempo que ha apostado por el «trabajo colaborativo entre la Educación pública y concertada», hacia la que ha mostrado todo su «respeto»: «La Educación es un servicio público que se presta a través de la Pública y la Concertada, el trabajo entre las dos redes es un elemento clave». Unas declaraciones que contrastan con lo que fue visto por esta red como una salida de tono y una provocación de la anterior ministra, Isabel Celaá, que en la apertura del congreso anual de Escuelas Católicas proclamó que la Constitución no reconoce el derecho a elegir centro o enseñanza religiosa.

Unos buenos propósitos y un intento de acercamiento de Alegría que no ha caído bien entre los socios de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, férreos defensores de la escuela pública, que consideran amenazada por el ascenso descontrolado de la Concertada, sobre todo en determinadas comunidades populares, como es el caso de Madrid.