Madrid es la región con mayor segregación escolar de España y Europa, según Unicef

«Madrid es, con diferencia, la región española con una mayor segregación escolar en Secundaria (PISA 2018) y una de las regiones con más segregación de Europa. Lo es tanto para los estudiantes más pobres como para los socioeconómicamente más acomodados», señala Unicef en su informe La Agenda 2030 en clave de infancia en la Comunidad de Madrid. Propuestas para la acción.

Uno de los factores que influye en la segregación escolar es la red educativa, precisa la organización. En la Comunidad de Madrid, el 54,6% de los estudiantes están matriculados en centros públicos, frente al 29,5% en centros concertados y el 15,9% en centros privados, mientras que, en Madrid capital, el porcentaje en centros públicos solo es del 39% y en varios distritos del norte y centro de la ciudad el porcentaje escolarizado en centros públicos es del 20%, frente a un 80% en el sector privado-concertado.

Para garantizar el derecho a la Educación, subraya Unicef, se requieren políticas decididas para reducir los niveles de segregación escolar, «lo que pasa por un mayor compromiso de los gestores educativos madrileños con la Educación pública, un incremento de la inversión educativa acorde con los niveles de bienestar de la región y la implementación de políticas de apoyo donde más falta hacen».

El informe destaca que, en la Comunidad de Madrid, «las cifras de escolarización temprana, la disminución del abandono escolar temprano, la esperanza de vida educativa son mejores que en el resto de España», pero una mirada en profundidad a esos mismos indicadores, teniendo en cuenta variables de renta, sociales, culturales, de origen o de género, muestra una realidad «preocupante». Unicef considera que es «especialmente preocupante» que la Comunidad de Madrid sea, desde hace años, la región española con menor inversión en Educación de todo el Estado, tanto en términos totales de porcentaje del PIB como en gasto por alumno.

La baja inversión se traduce en una infrafinanciación tanto de la red pública como de la red concertada, y está asociada a ratios profesor/alumnos elevados, infraestructuras deficientes, escasez de oferta pública, sobre todo en Infantil y postobligatoria, y una importante carencia de programas específicos de apoyo a las dificultades de aprendizaje y desarrollo que se han visto incrementadas durante la pandemia, resalta la Agencia de la ONU Para la Infancia.

«La baja inversión afecta a todos los estudiantes, pero afecta más a aquellos y aquellas que más necesitan. El riesgo de no actuar para reducir la desigualdad educativa no solo nos sitúa ante un sistema educativo injusto e ineficiente, sino, sobre todo, ante el riesgo de una sociedad fracturada y desigual», advierte Unicef.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado el informe porque, según el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, se basa «en datos erróneos». En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Ossorio ha asegurado que pedirán una reunión con Unicef para «contrastar» con datos el informe para que explique «cómo segrega» la Comunidad. Ossorio ha criticado que basa sus afirmaciones en PISA 2018, que tenía «innumerables errores», como que «los alumnos madrileños de 15 años decían que los aviones estaban construidos por perros», ha expresado.

En esta línea, ha señalado que en la Comunidad de Madrid han cambiado «muchas cosas» desde 2018 hasta 2022, al tiempo que ha censurado que el estudio hable «segregar y marginar a los alumnos», cuando en la región el porcentaje de escolarización es del 95% y la incidencia del nivel socioeconómico «es menor». «En Madrid no incide en el rendimiento de los alumnos», ha indicado el también consejero de Educación y Universidades, que ha apuntado que esto es posible gracias a la libertad de elección de los padres para escoger el colegio que quieren para sus hijos.

Según Ossorio, el 17% de los alumnos estudian en distritos diferentes de la residencia de padres, un porcentaje que sube al 23% en la concertada. «Hay comunidades con datos mayores», ha subrayado Ossorio, y ha añadido que parte del IRPF que pagan los madrileños «va para otras comunidades que no tienen esos ingresos para que puedan prestar sus servicios educativos».