La Xunta pide una moratoria para la Seguridad Social de alumnos en prácticas
El conselleiro pidió al Ministerio de Educación una moratoria de la ley que afectará tanto a los estudiantes de Formación Profesional como a los universitarios, unos 35.000 anuales, puntualizó, en el caso de Galicia. “Se está poniendo en riesgo un sistema educativo en el que las prácticas curriculares son una pieza fundamental tanto en el ámbito de la formación profesional como en el ámbito universitario”, criticó. En este sentido, apuntó que muchas comunidades autónomas están “a favor” de que los alumnos coticen durante el periodo de prácticas porque “eso le ayudará laboralmente en el futuro”, pero para ello considera necesario que el Gobierno bonifique “el cien por cien” de las cotizaciones a empresarios y alumnos.
Román Rodríguez entiende que la nueva ley aumentará “la burocracia”, por eso también cree necesario que el Gobierno central habilite un sistema informático “sencillo” y “ágil” para la gestión de las altas y bajas de los alumnos, ya que, a su entender, muchas empresas no pueden asumir los gastos de gestoría.
Tras participar en la Conferencia Sectorial de Educación, con presencia de representantes del Ministerio y las comunidades autónomas, el conselleiro se mostró “tremendamente preocupado” porque el Gobierno de España está “poniendo en riesgo” los avances que ha conseguido la educación en la comunidad. “Uno de los aspectos tiene que ver con la antigua selectividad, la EBAU, donde no solo no se corrigen los problemas de base, fundamentalmente la desigualdad entre las diferentes pruebas que realizan las distinats comunidades autónomas, sino que se incrementan con un Real Decreto que no plantea en ningún caso unos criterios homogéneos”, manifestó.
Rodríguez acusó al Gobierno socialista de desaprovechar “una gran oportunidad” para “homogeneizar” los criterios de evaluación por parte de las distintas comunidades que afectan a miles de jóvenes”. “El Gobierno no escucha e impone su planteamiento”, criticó, quien también avanzó que en este caso se verían afectados unos 11.000 jóvenes gallegos.