Madrid destaca por su baja inclusión social, frente a Baleares, Castilla y León o Aragón

Un nuevo estudio publicado por la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela –que dirige Francisco López Rupérez– acaba de elaborar un índice de inclusión social por comunidades a través de un conjunto de 11 indicadores obtenidos a partir de la base de datos de PISA 2015.
Diego FranceschMartes, 23 de abril de 2019
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El estudio propone dotar de programas social y académicamente atractivos a los centros con desventaja social. © SERGEY NOVIKOV

De este análisis destaca la posición notablemente retrasada de la Comunidad de Madrid (61,8%) –región que es objeto particular de este estudio, donde cerca de la mitad de la población reside en la capital y el 72% en poblaciones de más de 100.000 habitantes– en este indicador frente al alto grado de integración de otras comunidades como las Islas Baleares (86,48%), Castilla y León (82,85%), Aragón (82.02%) o Galicia (81,40%). Si se compara con la media de la OCDE (61%) la Comunidad de Madrid se sitúa solo un punto porcentual, aproximadamente, por encima de ella.

De ello se deduce que en la Comunidad de Madrid el grado en el que estudiantes con diferente nivel socioeconómico comparten el mismo centro escolar es sensiblemente inferior al de las otras comunidades autónomas o, lo que es lo mismo, es una comunidad donde los llamados “centros gueto” son más numerosos.

Influencia del factor urbano

Una de las conclusiones del estudio es que la Comunidad de Madrid se sitúa en “franca desventaja” en relación con el conjunto de España y con respecto al resto de comunidades autónomas, lo que “muy probablemente es consecuencia directa de factores estructurales relacionados con la segregación geográfica de los lugares de residencia de los diferentes grupos sociales, en función de su nivel socioeconómico, así como la comprobada preferencia de las familias por escolarizar a los hijos cerca de sus hogares”, asegura el estudio. No obstante, en relación con la igualdad de oportunidades, y una vez corregidas las puntuaciones en PISA 2015 del efecto del Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC), la Comunidad de Madrid se sitúa 11 puntos por encima de la media nacional y en tercera posición, por detrás de Castilla y León y de la Comunidad Foral de Navarra.

Por otro lado, otro de los hallazgos del estudio es que la inclusión académica (entendida como la no variación del rendimiento de los centros según el lugar de residencia) y la inclusión social (diferencia del nivel socioeconómico de los centros entre distintas zonas geográficas) se han revelado como fenómenos independientes, particularmente en la Comunidad de Madrid; de modo que resulta empíricamente compatible una alta inclusión académica con una relativamente baja inclusión social.

En la Comunidad de Madrid el grado en el que estudiantes con diferente nivel socioeconómico comparten el mismo centro escolar es sensiblemente inferior al de las otras comunidades autónomas

Asimismo, otra de las conclusiones del informe es que en los indicadores que se refieren a procesos o prácticas educativas de centro, consideradas potencialmente efectivas para la mejora de la igualdad de oportunidades, la Comunidad de Madrid se halla en una posición también ligeramente retrasada con respecto al conjunto de España.

El efecto de la libre elección

Con respecto a la influencia de la libre elección de centro y las políticas que en este sentido ha impulsado la Comunidad de Madrid, el informe señala que “resulta altamente probable que sean las características sociodemográficas de la Comunidad de Madrid –en la cual, con notable diferencia con respecto a las otras comunidades autónomas, bastante más de la mitad de su población escolar se concentra en grandes núcleos urbanos– las responsables de una segregación residencial que explicaría, en buena medida, su inferior valor en cuanto al índice de inclusión social, y no tanto el apoyo de dicha comunidad autónoma a la libre elección de centro por parte de las familias”.

Recomendaciones

Por todo ello, y para incrementar la igualdad de oportunidades, el informe recomienda promover en los centros actuaciones que estimulen la implicación de los padres en los centros socialmente desaventajados mediante una formación permanente específica de su profesorado y de sus equipos directivos con protocolos eficaces de actuación.
Con respecto al índice de esfuerzo de los centros por implicar a los padres, la Comunidad de Madrid, con 90,2 puntos porcentuales, se sitúa ligeramente por debajo del total de España (90,9 %). La media de la OCDE es del 88,2%.

El informe recomienda promover en los centros actuaciones que estimulen la implicación de los padres en los centros socialmente desaventajados

El estudio también recomienda promover en los centros socialmente desaventajados metodologías didácticas que comporten un mayor grado de personalización de las enseñanzas, potenciando en especial los procedimientos de feedback de la instrucción al alumno por su profesor.

En los indicadores que aluden a estos procesos o prácticas educativas a nivel de centro, que son consideradas potencialmente efectivas para la mejora de la igualdad de oportunidades, la Comunidad de Madrid se halla en una posición ligeramente retrasada con respecto al conjunto de España.

Igualmente, el estudio propone –entre sus más importantes recomendaciones– una reducción selectiva de las ratios alumno por profesor e incorporar a los currículos las habilidades no cognitivas (que también se conocen como habilidades blandas), tales como la autoconfianza, el esfuerzo y la perseverancia.

También alude el estudio a la necesidad de concebir e implementar, mediante el recurso a expertos universitarios independientes, una primera evaluación de impacto de las políticas de atención a la diversidad, establecidas legalmente y después de casi tres décadas de vigencia, con el propósito de comprobar cuál es su grado de eficacia real.

Mejorar la inclusión social

En cuanto a las medidas para mejorar la inclusión social en el ámbito escolar, el estudio propone dotar con programas social y académicamente muy atractivos a los centros en desventaja social; conceder ayudas específicas destinadas a facilitar el transporte a los alumnos socialmente desaventajados en el caso de que la elección de las familias sea de un centro público o sostenido con fondos públicos y situado suficientemente lejos de su lugar de residencia; facilitar incentivos económicos a los centros socialmente aventajados que escolaricen alumnos desaventajados socialmente e implantar un sistema de cheques escolares –o becas de funcionamiento equivalente– dirigido, de un modo selectivo, a las familias de bajos niveles de ingresos con la finalidad específica de facilitar su movilidad a centros privados socialmente aventajados.

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