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La ley Celaá se queda corta: No se atreve con el título de la ESO

Más allá del ruido en torno al castellano, la Concertada o la Educación Especial, deja fuera algunas reformas estructurales del sistema claves para los expertos.
Saray MarquésMiércoles, 25 de noviembre de 2020
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Celaá aplaude tras hablar Martínez Seijo (PSOE) en el Pleno del 19-N. Mientras, la oposición grita "¡Libertad!". © CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La resaca de la tramitación de la Lomloe en el Congreso sigue el guion habitual, con el líder de la oposición, Pablo Casado, anunciando que la ley Celaá durará lo que tarde su partido en llegar al Gobierno y las comunidades donde hoy gobierna el PP anunciando insumisión frente a la futura ley. Nada nuevo, por mucho que la ministra Celaá mostrara su sorpresa en una entrevista en TVE por esta muestra de “desobediencia” [las comunidades socialistas hicieron lo mismo hace siete años].

Por lo demás, la lectura del texto que ha llegado al Senado, y que se espera que esté en vigor el curso 2021-22, permite comprobar que el ruido en torno la ley Celaá es inversamente proporcional al calado de algunas de sus medidas nucleares.

En su discurso figura por primera vez la segregación, uno de los grandes logros de la Lomloe para Lucas Gortazar, que la analiza en Lo bueno, lo ausente y lo malo de la nueva Ley de Educación. Con esto se pretende poner freno a una tendencia en los últimos años en que “de un sistema mediocre pero con equidad suficiente pasamos a otro mediocre sin equidad”, según José Antonio Martínez, ex director de instituto, presidente de honor de Fedadi y miembro del Consejo Escolar del Estado.

Este fenómeno, con cada vez más alumnos escolarizados en centros gueto y centros burbuja, está vinculado al surgimiento de un tipo de Concertada que no cumplía un fin social y que, en muchos casos, recibía el concierto antes incluso de haberse construido el colegio. Una Concertada que, al contrario de lo que se sostiene desde el Gobierno, es previa a la ley Wert. Ya en tiempos de Ángel Gabilondo como ministro de Educación se advirtió al Ministerio de su proliferación, para que pusiera en marcha sus servicios jurídicos, sin éxito.

Plácet del presidente del CEE

En esta ocasión, frente a lo que sucedió con la ley Wert, el presidente del Consejo Escolar del Estado –ahora Enrique Roca, entonces Francisco López Rupérez– ha dado la bienvenida a la nueva ley. Y eso pese a que esta desoye una de las recomendaciones principales de un reciente estudio del organismo: la supresión del título de ESO. La Lomloe lo mantiene aunque introduce un certificación académica para los alumnos que no lo obtengan (cerca del 25% en la actualidad).

Sí se pretende reducir la repetición, rebajar ese 30% de alumnos que no acaban la escolarización obligatoria cuando les correspondería por edad, permitiendo adoptar esta medida como máximo dos veces en la etapa básica. Para Martínez, “en teoría se conseguirá” mejorar en este indicador, uno de los que nos separan de los países del entorno, pero “el Ministerio de Educación y Formación Profesional debería quitar el título de ESO”. “No tiene sentido que la Educación obligatoria termine con un título, con esa certificación sería suficiente, pero, claro, estamos en el país de los títulos”. Aunque aplaude la creación de una nueva modalidad de Bachillerato, la General, que se sumará a las modalidades de Ciencia y Tecnología, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales. A la espera de en qué se concreta cree que puede servir para recuperar e incorporar al sistema a un 10% de chicos y chicas que abandonan en esta etapa, sin tener muy claro aun qué hacer con su vida, pero lamenta que España siga siendo el país con la Secundaria superior (Bachillerato y FPGM) más corta, y que no se haya ido a una Educación con un tronco común (con optativas) hasta 3º de ESO y un Bachillerato o FPGM de los 15 a los 18 años, que no se haya aprovechado para “replantear la estructura del sistema”.

Ley marco

Hay cuestiones que se han dejado para más adelante, como la reforma de la profesión docente (se da un plazo de un año para una ley) o la curricular (con la creación de una unidad de desarrollo curricular dentro del MEFP). Pero sí se incluye por primera vez la remoción de los funcionarios docentes “que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento”. Estos, tras evaluación negativa de la inspección, pasarán a realizar tareas que no requieran “atención directa con el alumnado”. También figura en el texto la supresión del profesorado técnico de FP, que pasa a integrarse en el cuerpo de profesores de Secundaria, cuestión pendiente desde la Logse, pero que para Martínez no debería figurar en una ley orgánica.

“De cómo salió la ley del Ministerio a ahora hay diferencias sustanciales. A mí me gustaba más antes, ahora se ha metido en jardines y se ha politizado el debate educativo. Se ha puesto el foco en cuestiones no propiamente educativas y se ha perdido la oportunidad de repensar el sistema y ampliar la Educación hasta los 18 con vías de segunda oportunidad. Debería ser una ley más flexible, más marco, de forma que si algo no funciona se pudiera corregir sin necesidad de una nueva ley”, concluye.

Financiación

Para Gortazar resulta decepcionante asimismo el apartado de la financiación, más aun cuando fue el punto que hizo levantarse al PSOE y a UP de la subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación y cuando “la ley tiene importantes implicaciones financieras, como la gratuidad de los centros concertados (que podría rondar los 2.000 millones de euros), las medidas de equidad y refuerzo, así como el desarrollo de nuevos modelos curriculares, de docencia o evaluación”.

Para el experto, “es llamativo el largo calendario propuesto y la poca concreción de cómo y a qué se van a dedicar los recuros movilizados”. La ley aspira a un 5% del PIB para Educación en 10 años, un objetivo que se podría alcanzar el próximo año en realidad, como reconocía hace una semana Joan Mena, de Unidas Podemos: “La ley será longeva si va acompañada de recursos. El complemento indispensable del cambio legislatuvo son los presupuestos que se están tramitando en el Congreso, que pueden estar listos en diciembre y que apuestan claramente por la Educación pública, con más de 5.000 millones de euros de inversión, y acaban con la infrafinanciación de los presupuestos de Montoro. La Lomloe irá acompañada de la partida más importante de la democracia, superaremos el 5% del PIB, y el objetivo es mantenerlo. Los próximos presupuestos serán muy ambiciosos, por los recursos extra de la UE, y el objetivo del Gobierno es mantener ese nivel cuando ya no exista este nivel de fondos de la UE”.

La ley renuncia también a corregir las diferencias territoriales en financiación educativa.

Cómo cambiará el sistema el curso 2021-22

  • Primaria. Se recuperan los ciclos y se impide así que los alumnos puedan repetir en los cursos impares. Solo pueden hacerlo a final de uno de los ciclos. Además, habrá planes de refuerzo para los alumnos que lo necesiten (este añadido procede de una de las únicas cuatro enmiendas del PP incorporadas al texto).
  • PMAR. Desaparecen estos programas de mejora del rendimiento (en 2º y 3º de ESO), de los que se pasaba a un 4º ordinario, por la diversificación LOE, en 3º y 4º.
  • ESO. De 1º a 3º las asignaturas se pueden agrupar en ámbitos. Además, desaparecen en 3º las matemáticas académicas y aplicadas y en 4º las dos vías, conducentes a Bachillerato y FP, por considerarse “itinerarios segregadores y excluyentes”.
  • FPB. Denostado por el Gobierno como “programa de bajo valor añadido”, no se vuelve a los antiguos PCPI sino que se va a una FP “de grado básico”. En el texto se advierte de que “se velará para evitar la segregación” de este alumnado. Al superar los ámbitos, obtendrán el título de Graduado en ESO y de técnicos básicos.
  • Bachillerato. Excepcionalmente se puede lograr el título con una materia pendiente. Se añade una nueva modalidad, la General, y se podrá cursar en tres años.
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