Amador Pastor: "Me preocupa que por la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social se resienta la red de empresas colaboradoras en FP"

Castilla-La Mancha y Asturias fueron la dos únicas comunidades gobernadas por el PSOE que se salvaron de la debacle socialista de las pasadas elecciones autonómicas. Le guste o no al consejero manchego, habrá muchos ojos pendientes de ellas y –así somos– muchas comparaciones odiosas. O no tantas, habida cuenta del perfil moderado de Amador Pastor y del alto índice de coincidencias con las posiciones de los consejeros del PP. Incluso se atreve a censurar –eso sí, con más cortesía– que el Gobierno de la nación obligue a dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos de FP en prácticas. Es que donde hay gestión, no hay amigos.

¿Por qué han prohibido el uso del móvil?
–Es una normativa del 2014, y a mí, más que de prohibir, me gusta hablar de dónde se regula su uso: su uso viene a regularse única y exclusivamente con fines pedagógicos y didácticos. El móvil es una herramienta muy buena de acceso a mucha información, pero sobre todo a información bien usada. Nosotros la única regulación que le damos al móvil es que dentro de los centros se pueda permitir su uso siempre y cuando sea con esos fines.

Desde el punto de vista de las familias y de muchos profesores parece bastante de sentido común.
–Yo siempre digo lo siguiente: el día tiene 24 horas. En los centros educativos los alumnos pasan una fracción muy pequeña de esas 24 horas. En el caso de Primaria son cinco horas, y en el caso de Secundaria, seis. El resto del tiempo están bajo la tutela o bien de los padres o del entorno social, o con amigos. Ahí no hay reglas de uso, a no ser que sean las de la familia. Era lo suyo que el sistema educativo durante el tiempo que están bajo su custodia marcase por lo menos esa diferenciación: el uso del móvil está permitido en estas cuestiones, y nos gustaría que en ese ánimo también nos siguiesen otros colectivos: las familias… incluso que hubiese más ahínco en un uso responsable por parte de los medios de comunicación, por parte de la sociedad en su conjunto.

Hay muchos expertos que están alertando de una cierta relación entre los problemas de salud mental de los jóvenes, que se están disparando, y un abuso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, el móvil…
–Puede ser. En el bienestar emocional influyen muchos factores: el entorno socioeconómico, la estabilidad de la familia, la relación que tengan con otros alumnos, con otros iguales, pero es verdad que el mal uso del móvil puede desencadenar ciertas adicciones. Estamos haciendo también un esfuerzo importante por estudiar la afección que tienen las adicciones sin sustancia: el móvil, por ejemplo. Hemos vivido durante épocas una campaña de concienciación de cuánto de malo era el tabaco, el alcohol, las drogas, que son sustancias adictivas, pero ahora es el momento de hablar de otro tipo de adicciones que pueda tener la infancia y la juventud, sin sustancia. Y dentro de las adicciones sin sustancia catalogamos el uso de la pantalla, el uso de los móviles.

En paralelo a esto, Castilla La Mancha está haciendo una intensa promoción de la educación ambiental…
–Esta es la fortaleza de un Gobierno, el de Castilla-La Mancha, en que están todas sus consejerías trabajando de forma sectorial en sus ámbitos de competencia, pero buscando la interrelación. Es el caso, por ejemplo, de los compañeros de Desarrollo Sostenible. Acabamos de presentar una campaña de reducción de residuos, y se apoya en el sistema educativo para trabajar de forma temprana las consecuencias de un mal reciclaje, una mala reutilización.

Pero no es solamente esta campaña. Tenemos una campaña muy importante, la de ‘No me líes’, para trabajar la desinformación. Estamos apostando por las nuevas construcciones y las reformas, que sean cada vez más sostenibles, que se apoyen en las fuentes de energía renovables, que trabajen y cuiden las envolventes. Apostamos también por la campaña de incorporación del consumo de fruta y de leche dentro de las escuelas. Estamos trabajando otro tipo de valores y competencias al margen de lo estrictamente curricular. Queremos formar a los chavales como ciudadanos del siglo XXI preocupados por la sostenibilidad de nuestro planeta.

Por otra parte, ¿por qué apuestan por el aula del futuro? Con una inversión importante en digitalización…
–Partimos de una inversión muy importante, de 84 millones, a la que le sumamos para el 2024 otros 87 millones de euros. El presidente [Emiliano García-Page] lo explicaba muy bien, decía “No concebimos un sistema sanitario que no tenga la tecnología puntera para el tratamiento de las dolencias y de las enfermedades. No entendemos cómo la digitalización se está implantando cada vez más: en la agricultura, en la ganadería, en múltiples sectores de nuestra vida, ¿por qué rechazarla en el sector educativo?».

Lo estamos haciendo además de una forma creo que muy ordenada: No se trata de instalar dispositivos en los centros educativos si no hay una formación del profesorado para su uso óptimo en cuestiones de transformación metodológica. Procuramos, incluso antes de la pandemia, pero ya con el acelerador metido en la época de la pandemia, reducir la brecha digital del alumnado, es decir, facilitarle a todo el alumnado vulnerable el acceso a un dispositivo para que pueda hacer trabajos, tareas, etc. en igualdad de condiciones.

Por otro lado, hemos estado y estamos ya dando los coletazos finales a la instalación de los paneles digitales interactivos. Esto supone una revolución en la metodología, sobre todo, en hacer cada vez más participativo al alumnado en un modelo muy interactivo que permite tener muchos recursos que la pizarra tradicional no te da.

Y, además, estamos apostando por un cambio metodológico a través de las aulas del futuro. Hemos presentado nuestra aula del futuro regional, entendida como un recurso de formación para el profesorado. La idea es que pasen por ella los 33.000 docentes de Castilla-La Mancha a formarse en metodologías que trae consigo esta aula del futuro: planteamiento de un problema, de un proyecto, de un reto, explorar las vías de solución, algunas pasarán por soluciones tecnológicas, otras no, pero sobre todo lo que queremos es trabajar de forma muy temprana estos perfiles que a futuro las empresas van a empezar a solicitar. Se tiene que presuponer que el alumnado tiene que salir del sistema educativo con ciertas nociones de Informática, de Robótica, de Pensamiento Computacional… porque es el avance que se está produciendo en todos los sectores de nuestra vida.

Pero antes de inaugurar esta aula del futuro regional, ya teníamos más de 50 centros con su propia aula del futuro, que permite una metodología rotativa en pequeños grupos dentro de esa aula, en la que están trabajando contenidos curriculares de ciencia, de lengua, de historia, etc., pero desde una perspectiva mucho más práctica, planteando un problema y buscando diferentes soluciones hasta llegar a una fase de exposición de las conclusiones. Y, como digo, esta es una metodología que nos aproxima más al trabajo por competencias que nos exige el siglo XXI.

¿No cree que hay un cierto hartazgo del profesorado en este terreno?
–Me gusta que digas hartazgo, porque en algunas entrevistas lo llaman incluso maltrato. A mí no me gusta que se hable de maltrato, pero sí que puede haber un cuello de botella porque han venido muchas revoluciones en un corto espacio de tiempo, en que se le ha pedido al sistema educativo en su conjunto –a las administraciones, al profesorado y a las familias– una transformación de determinados elementos: cambio normativo, apuesta por la digitalización, formación en conocimientos de robótica y programación, actualización de las programaciones didácticas, cambios metodológicos… Evidentemente, eso puede llegar a producir hartazgo.

¿Cómo estamos gestionando todo esto? Queremos estar al lado de los centros educativos y de los docentes. De hecho, somos pioneros en hacer un acompañamiento a los centros educativos a través de una red de dinamizadores de transformación digital. Son 50 personas repartidas por toda la región al lado de los centros educativos para hacer esa transición, para elaborar su plan digital de centro, para diseñar los itinerarios de formación, para solventar las dudas. A todo esto le hemos sumado de un centro de atención al usuario, el CAU, que presta a los centros educativos, ante las incidencias de fallos o de instalación tecnológica que puedan tener, el soporte para que in situ o de forma remota se le puedan solventar estos problemas.

Con todo esto hay que saber pedir y también saber dar. Pedimos a los profesores que entren en una dinámica de formación en su competencia digital docente pero también les facilitamos dónde apoyarse para escalar y avanzar en esta competencia digital. Pedimos que haya cada vez más tecnología, pero les facilitamos los medios para incorporarla, la formación, el asesoramiento. Esto trae críticas, pero todas las revoluciones, todas las novedades, traen consigo de inicio un rechazo, miedo a lo desconocido. Nuestro papel es darles certidumbres, gestionar la ansiedad que ello le puede provocar y, sobre todo, insistir que en esto, como ha venido para quedarse, tampoco hay prisa.

Tenemos que ir dando los pasos poco a poco pero que los pasos sean certeros. Hay también muchas voces que han intentado contaminar y meter algo de toxicidad, con el mensaje de “Esto viene por imperativo legal, y esto tiene que ser ya”. Todo lo contrario. Aquí siempre hemos dicho que la Administración tiene que estar a su lado para gestionar en el menor tiempo posible ese avance y esa revolución que tiene que suponer la incorporación de toda la digitalización al sistema educativo.

Hay profesores que anhelan un poquito más de cercanía con el alumno, sin tanto cachivache, un mayor peso de las humanidades… La educación tradicional, que no estemos tan dependientes de las pantallas.
–Es que eso no se quita. En el horario lectivo cabe absolutamente todo: cabe la clase magistral, la clase más memorística, de presentación de contenidos, pero también tiene que caber aquella interrelación de todos los contenidos que a ti te presenta el sistema educativo en su utilidad para la vida, y ver cómo un contenido humanístico te puede ayudar a resolver un problema matemático, o cómo un problema matemático es necesario para entender un problema humanístico.

Eso es lo que queremos provocar en el profesorado y en el alumnado: que tengan la capacidad de interrelacionar, de ahí la aparición de las competencias, de ser capaces de interrelacionar todos los contenidos. Nadie se tiene que sentir atacado: ni el más tradicionalista en sus métodos ni el más innovador. Tiene que haber un equilibrio y, evidentemente, tiene que haber un tiempo de transición, que es el que estamos viviendo, para que esto se acomode.

Entendemos que el sistema de enseñanza tradicional ha dado muy buenos resultados, pero ahora la sociedad, el mercado laboral, las expectativas de trabajo de nuestros chavales, ya no pasan única y exclusivamente por lo que tuvimos que pasar muchos de nosotros, por el aprendizaje memorístico de muchas cuestiones, porque hoy a golpe de clic tienes contenidos que antes exigían la memoria, y ahora tienes que tener otro tipo de habilidades para saber buscar la fuente de información, para contrastar que sea veraz, para saber la utilidad de esa información que se te está presentando, para discriminarla y diferenciarla, sobre todo también para trabajar en equipo. Al tiempo, para aportar algo de singularidad a todo esto que nos uniforma a todos (los grados universitarios, los títulos de Formación Profesional…) hay un conjunto de habilidades blandas, soft skills, que tienes que tener trabajadas.

¿Cómo tranquilizaría al profesorado con la llegada de la inteligencia artificial?
–Se acaba de abrir ahora mismo el debate, y debería haber un estudio ético de cuál es el avance que nos tiene que traer la inteligencia artificial. El profesorado está muy angustiado porque sabe que va a ser muy difícil controlar si el producto que a mí me presenta el alumno es resultado de la inteligencia artificial o no. Por eso nosotros ponemos énfasis en el sistema educativo, y estoy convencido de que mis compañeros docentes coincidirán en que tan importante es valorar el resultado como el proceso. Los profesores, ante la duda de saber si eso es fruto de un clic a través de ChatGPT, tenemos herramientas para medir si el proceso se acompaña con el resultado. Y ahí nos tenemos que centrar, en ayudar a los chavales a elaborar y poner el énfasis en los procesos más allá de los resultados.

También quieren impulsar el 0-3. ¿Cómo? ¿Solo con plazas públicas, también en colaboración con la red privada…?
–Hemos aprovechado una inversión sin precedentes en nuestra comunidad autónoma de la mano del Ministerio. El Ministerio a través del mecanismo de recuperación y resiliencia tiene como objetivo crear plazas públicas. Es decir, no nos valen las plazas que ya están creadas. De ahí la disyuntiva que tenemos con la red privada: Nosotros solamente podemos financiar plazas de nueva creación, pero además con el condicionante de que sean plazas públicas.

En su conjunto se propone una inversión a lo largo de todos estos años de 38 millones de euros. El objetivo es crear en Castilla-La Mancha más de 3.700 plazas. Y lo hacemos de mano de los ayuntamientos, y especialmente en las zonas de extrema e intensa despoblación. Es decir, allá donde si no es la iniciativa pública la privada no va a llegar, porque los números no dan. Estamos hablando de que queremos generar igualdad de oportunidades vivas donde vivas, y la más carente de estas oportunidades es la zona rural.

No son plazas dependientes de la Consejería, aunque venga financiada la creación de la plaza por la propia Consejería a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, y a día de hoy tenemos 84 convenios suscritos y se han creado 2.227 plazas. Es decir, dos tercios del objetivo ya están cumplidos. Estamos ahora mismo con 33 escuelas abiertas, 722 plazas, el resto será en los próximos meses, porque están acabando las infraestructuras. Hay cinco convenios pendientes de suscripción que supondrán 116 plazas más y otras 112 plazas están comprometidas por siete ayuntamientos que están muy interesados. Respetamos la condición de plaza pública porque son plazas dependientes de los ayuntamientos. Y no generamos conflicto con la oferta privada, porque no facilitamos ni favorecemos la competencia con la oferta privada, al ir a sitios donde no está la oferta privada; pueden estar tranquilas. En ciudades más grandes tan solo se ha adherido el ayuntamiento creo que de Toledo en la creación de dos plazas más por unidad, dos plazas que tenían de capacidad de aumento. Estamos hablando de niveles muy pequeños.

La red privada dice que es una pena que se les esté haciendo competencia habiendo ya plazas…
–Claro, a ellos les vendría bien financiación donde yo ya tengo plazas. Pero mi objetivo no es financiar las que ya tengo creadas, es crear más plazas allá donde, seamos realistas, nadie va a ir a crearlas. En una localidad donde solamente voy a tener cuatro, cinco, seis o siete niños entre 0 y 3 años no creo que haya ninguna iniciativa privada que tenga interés en ir.

Mientras, hay quien les ha acusado de privatizar servicios…
–Los sindicatos, sí. Yo les he dicho que no estuvieron acertados, porque la condición de plaza pública también está reconocida a una titularidad municipal. La administración municipal es pública y es la más cercana al municipio. Ellos lo único que pretendían con esa afirmación era reclamar que fuese la Consejería la que crease y asumiese esa red, porque eso crearía empleo público dependiente de nuestra Consejería y no dependiente de la Administración local. Yo lo único que les dije es que, independientemente de quién genere el puesto de trabajo, el puesto se crea, y lo mismo me da que sea de un ayuntamiento que sea de la Junta. Y más allá de un empleo, lo que quería poner en valor es el servicio que prestamos a la población de 0 a 3 años.

En FP hay gran conflicto con la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social, ¿cuál es tu posición?
–Nosotros entendemos que hay que darle una seguridad a la condición que tiene de asimilado al trabajador el alumnado de prácticas tanto de Grado como de Formación Profesional en la empresa. A mí me supone cierto quebradero de cabeza saber cuál es la fórmula en la que lo aterricemos. Y no solo por la financiación, sino también por el procedimiento de alta, de baja, de incapacidad temporal… Hay que armar una estructura de gestión importante, que es lo que más me preocupa. Sí es verdad que en el siglo en el que estamos cualquier persona que tenga presencia en la empresa tiene que tener un régimen. Se ha optado por un régimen de alta en la Seguridad Social. Podemos estar más de acuerdo o en desacuerdo, yo personalmente me sentía cómodo con la figura de alumnado en prácticas. Se ha decidido que sea asimilado a trabajador en su condición de estudiante. No lo voy a criticar, tampoco lo voy a aplaudir. Lo que sí estoy preocupado es porque va a venir una carga de gestión muy importante a las administraciones educativas, a las propias empresas y a los centros educativos. Me preocupa que se me resienta la red de empresas, más de 1.300, que tengo como colaboradoras dentro de la Formación Profesional.

Y no es el único…
–Es lo que les preocupa a todos, y eso que la ley de FP es muy buena. Hemos logrado una moratoria, porque debería haber sido en octubre de este 2023, y hemos ganado que sea a partir de enero del 24, pero, vamos, es pasado mañana, y tenemos que gestionar 17.500 altas.

¿Le pediría al Ministerio de Educación una nueva moratoria?
–Esta es una cuestión que no regula el Ministerio de Educación, viene por el Ministerio de Trabajo, creo que por el Estatuto del Becario, que recoge que todo alumno ha de tener condición asimilada a trabajador dentro de la empresa, con su cotización y alta en la Seguridad Social, y lo tuvimos que recoger nosotros como encargo por parte del alumnado que tenemos, tanto en Formación Profesional como en Universidades.

El presidente García-Page ha dicho: “Yo felicito al nuevo Gobierno y le pediré que sea responsable a la hora de generar las normas y de que no se vaya al “Yo invito y tú pagas”, es decir, que no se incluya esto en la norma y luego lo asumas tú. Esas cuestiones no vamos a tener ningún tipo de problemas en trasladárselo a nuestra ministra, Pilar Alegría, o al ministro o ministra al que competa.

¿Y qué le pediría a Pilar Alegría?
–Una moratoria no, ya no cabe, pero sí los mecanismos que uniformen cómo lo tenemos que hacer las comunidades autónomas. Lo que no puede ser es que yo se lo encomiende a las empresas pero que la comunidad de al lado lo gestione a través de los centros educativos y la de un poquito más allá lo haga a través de las propias consejerías.

Que no digo que lo tenga que pactar el Ministerio, pero que entre todas tengamos la oportunidad y el foro de diálogo para saber exactamente cómo lo vamos a hacer. Y que no sea disruptivo lo que yo estoy haciendo aquí frente a lo que está haciendo otra comunidad autónoma, y sobre todo también que haya una financiación para los costes por lo menos de inicio, ya que estamos muy agobiados porque nos han caído muchísimas obligaciones por parte de los ministerios de reconocimiento de créditos: Estamos hablando de la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el Cuerpo de Secundaria, que tenemos que asumir las comunidades autónomas. De los MRR, que dicen “Créense plazas de Formación Profesional”: Te ayudo a la creación, pero el mantenimiento ya lo tienes que asumir tú. De los incrementos retributivos de los funcionarios… En definitiva, hay un cuello de botella de todas las obligaciones financieras que tenemos las comunidades autónomas que nos lo pone muy difícil.

Le pediría un foro de comunicación y diálogo para ver cómo lo vamos a afrontar y que haya uniformidad en la gestión y, sobre todo, acompañamiento financiero para que no nos haga un roto en los presupuestos porque yo no sé si habrá alguna comunidad autónoma que lo haya presupuestado… Nosotros de momento estamos viendo cómo lo vamos a asumir, en qué capítulo, si es que lo tuviésemos que asumir. Estamos todavía en ese debate y en esa disyuntiva.

A usted le hará más caso, seguro.
–Espero.

Vamos terminando. ¿Qué medidas estrella tienen preparadas para esta legislatura?
–Es una medida estrella por la trascendencia que puede llegar a tener: Queremos establecer una estrategia de educación inclusiva. Somos una comunidad autónoma que está favoreciendo mucho la atención al alumnado con discapacidad. Fuimos pioneros en generar una vertiente de formación a través de la Formación Profesional para el alumnado con discapacidad. Tenemos un crecimiento exponencial en cuanto a profesorado especialista en educación inclusiva. Tenemos marcos normativos que nos han convertido en referentes a nivel nacional… Pero falta una interconexión entre todas esas medidas. Entonces, estamos haciendo, de la mano del tercer sector, una estrategia de educación inclusiva que favorezca y permita la presencia, la participación y el aprendizaje del alumnado en la modalidad de escolarización que le corresponda.

Con esto quiero marcar una línea roja, porque mucha gente ha pensado que la Lomloe, el nuevo ordenamiento que trae, incluso las derivadas que vienen de la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad, propician el cierre de los centros de Educación Especial. Nosotros en Castilla-La Mancha hemos creado dos centros de Educación Especial en la última legislatura, uno público y otro concertado, y aulas de educación especial en los centros ordinarios. ¿Por qué? Porque confiamos en que algunas veces es la única respuesta que puede tener este tipo de alumnado. Pero también apostamos por generar contextos ordinarios de aprendizaje para estos chavales, para cuando su modalidad de escolarización sea la ordinaria, pero con los recursos que se necesitan. Estamos en esa clave. Esa será la apuesta estrella, y también ahondar en una red estable de centros educativos.

Hay una nueva Dirección General, la de Innovación educativa y centros, cuyo principal cometido es que la innovación educativa venga respetando los tiempos y la formación, frente a la invasión que podemos tener en el ámbito educativo. El otro de los grandes retos es la red de centros. Tenemos que estar prevenidos ante los descensos de natalidad, y que se resienta lo menos posible esta red: que la oferta siga siendo la que es y equilibrada en presencia, y con los itinerarios que necesita cada una de las etapas educativas.

¿Los centros de Educación Especial no tienen nada que temer?
–Los queremos empoderar para que sean servicios de apoyo a la escuela inclusiva, a los centros ordinarios. Que un centro ordinario pueda recurrir a un centro de educación especial para saber cómo abordar la metodología y el aprendizaje de un chaval con discapacidad: que le preste los recursos, los servicios y el asesoramiento, junto con la formación, que se la daremos nosotros, para que ese chaval reciba una educación en sintonía con su discapacidad y con su avance curricular.

Si no, parecería tirar a la basura un montón de años de experiencia y, también, una falta de respeto hacia las familias que apuestan por estos centros de educación especial.
–Efectivamente.

Por cierto, ¿qué le parece que repita Pilar Alegría?
–Es una ministra ya conocida, que nos conoce muy bien, conoce de primera mano el proyecto educativo de Castilla-La Mancha y será una aliada para compartir nuestras dificultades, nuestros éxitos, y nuestros retos de futuro.

¿Y Clara Sanz?
–Para mí ha sido una gran valedora de la FP y la artífice, la ideadora de toda la ley de FP, que tiene muchísimos aciertos.

Saliéndonos de nuestro terreno pero como Castilla-La Mancha ha sido crítica, ¿qué le parece lo que está ocurriendo con la ley de amnistía?
–El sistema educativo tiene mucho que decir, porque en él estamos sentando las bases de los buenos ciudadanos y las buenas ciudadanas. Yo veía las revueltas y protestas y me llamaba la atención que muchos de los manifestantes era gente muy joven, incluso a veces con mensajes cruzados, que ya no sabía interpretar muy bien si estaban a favor o en contra, porque lo vinculaban a tiempos muy pasados.

Creo que tenemos que profundizar mucho más en la historia de España, en los valores democráticos, en los principios de nuestra Constitución, en los valores de convivencia, el respeto a las instituciones, para evitar confusiones en el mensaje. Y tenemos que incidir muchísimo en cómo se tienen que defender las opiniones, los puntos de vista, los acuerdos y desacuerdos. Me entristece que la única forma de evidenciar nuestro desacuerdo sea a través de la violencia.

¿No le parece que la ley de amnistía está demostrando poco respeto a las instituciones? 

–Bueno, no sé… En cada momento se sabe lo que se tiene que devolver. Es verdad que por encima de las consecuencias normativas se ha marcado como fin último devolver la convivencia, que estaba resquebrajada en parte del territorio. El fin último al que se quiere llegar ha prevalecido, y entiendo que ese lo compartimos absolutamente todos. Las vías para llegar a este propósito final… está dicha cuál es nuestra postura, no voy a ahondar más, pero sí abogo por que haya una restitución de la convivencia.