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Cuatro puntos básicos para una vuelta segura a las aulas

Desde las asociaciones ligadas a la marea verde se pide bajar las ratios, aumentar la plantilla docente, más recursos y materiales y enfermería escolar.
RedacciónJueves, 13 de agosto de 2020
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Desde los sindicatos y las asociaciones de padres y madres se critica que se están empleando imágenes irreales y utópicas en las campañas institucionales sobre la vuelta a los colegios.

Bajar las ratios, ergo contratar más profesores, más recursos y materiales e incorporar la figura de la enfermera escolar. Son las cuatro peticiones básicas de la comunidad educativa, sobre todo de los sectores vinculados a la marea verde, para garantizar un inicio de curso escolar seguro.

Así lo exige también Izquierda Unida (IU) a través de su Área Federal de Educación. «Realmente lo que exigimos es que las administraciones autonómicas realicen las inversiones necesarias para garantizar un curso seguro, pues estamos viendo que la mayoría lo están afrontando con protocolos que no modifican las condiciones preexistentes de masificación en las aulas, falta de espacios, excesiva carga lectiva del profesorado, burocratización y falta de la financiación para las necesidades educativas reales», plantea su coordinador, Enrique J. Díez.

Enrique J. Díez: "

La mayoría lo están afrontando con protocolos que no modifican las condiciones de masificación, falta de espacios, excesiva carga lectiva del profesorado, burocratización y falta de financiación

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Esto, a su juicio está detrás de la movilización de buena parte de la comunidad educativa, «ante esta falta de previsión y la inseguridad que genera». Alude Díez a protocolos confusos o declaraciones y promesas que no se corresponden con la financiación real. «Si no se garantiza una vuelta con seguridad apoyaremos estas movilizaciones», apunta, «porque pasan los meses y no se ve que los responsables de las consejerías de Educación estén dando pasos efectivos y reales».

Las reivindicaciones de este sector de la comunidad educativa son claras:

  • Bajada de ratios. «No solo para mantener la distancia de seguridad sino para que pueda haber una Educación realmente inclusiva y una atención personalizada, es una demanda de siempre», explica Díez.
  • Aumento de plantillas docentes. «Para cumplir esa bajada de ratio todo el curso y con protocolos para personal de riesgo», según el responsable del Área Federal de Educación de IU. Esto supondría un 30% más de profesores en la Pública, 165.000 según CCOO.
  • Enfermería escolar. «Los docentes no tienen competencias sanitarias, no saben detectar si ese alumno tiene gripe, un constipado o Covid-19 y entonces no le tocamos ninguno y cerramos la clase. Que los protocolos deleguen la responsabilidad en los equipos directivos es lavarse las manos, como Pilatos. Tiene que haber personal sanitario cualificado. Siempre se pidió. Durante una pandemia, más», recalca Díez.
  • Recursos materiales. Hace referencia a una previsión suficiente de mascarillas, geles hidroalcohólicos y otras medidas de seguridad para este curso.

Enrique J. Díez critica que la inversión en Educación pública se haya recortado en los últimos 10 años al tiempo que crecía un 25% la financiación para la Concertada, por eso entiende que los fondos Covid y los fondos europeos específicos de Educación «se deben destinar de forma finalista a la escuela pública», lo mismo que los fondos de las distintas comunidades autónomas.

Gestión autonómica

Por comunidades, considera que la mala gestión no entiende de siglas: «No se puede responsabilizar a la comunidad educativa y obligar a las familias a elegir entre seguridad personal y derecho a la Educación», asevera.

«Se pone a Andalucía y Madrid como los dos ejemplos más llamativos de mala gestión, de la privatización más absoluta, pero tenemos a la Comunidad Valenciana que da dos pasos adelante y uno atrás: Es la única que ha previsto y ha empezado a invertir algo, pero esta semana anuncia 25 millones para la Concertada, cuando es la Pública la que está en una auténtica situación de vulnerabilidad», prosigue, «Y si bien en Andalucía es muy escandaloso, en Aragón, Lambán (PSOE) tampoco está dando respuesta a las demandas de la comunidad educativa e incluso ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo. En Cataluña, en Navarra o en Galicia, etc. igual, no hay seguridad para las familias y el profesorado», añade.

Si bien hasta ahora las movilizaciones que están proliferando son a escala autonómica no descarta que se conviertan en estatales: «Los cuatro puntos básicos que se proponen son algo muy común si se aspira a un 100% de presencialidad, la única forma de garantizar la igualdad de oportunidades», concluye.

Fuente: Movilización ampas y docentes por la Pública de Córdoba.

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