La Administración pública puede imponer a unos padres la escolarización de su hijo en un centro público de Educación Especial frente a uno ordinario, ha sentenciado el Tribunal Constitucional en un fallo que limita el alcance del derecho a la libertad de Educación. En su sentencia, el Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo de unos padres contra la Consejería de Educación de Castilla y León.