María José Catalá ha remitido un escrito al consejero andaluz de Educación, tras no poder hablar con él por teléfono, para solicitarle la retirada del vídeo promocional crítico con el sistema de becas valenciano.
Un millar de personas, padres y madres, docentes, alumnos y sindicatos, se concentraron en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para protestar contra los recortes en la Educación pública y para advertir de los riesgos que comportan las medidas anunciadas por el Gobierno de la Generalitat.
El Gobierno de Aragón ha hecho un diagnóstico del sistema educativo en Aragón gracias al cual ha elaborado un documento con 25 propuestas para su mejora, que incluyen modificaciones sustanciales en los sistemas de becas y ayudas, en los conciertos y en la formación del profesorado.
La Junta de Andalucía ha culminado el procedimiento administrativo para la convocatoria de 2.389 plazas de Secundaria con la firma de la orden por parte del consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, que se ha mostrado convencido de que el Gobierno "no se va a atrever a recurrirlas".
Alumnos del IES "Cuenca Minera" de Riotinto (Huelva), dos de los cuales fueron detenidos la semana pasada por colocar programas espía en los ordenadores de sus profesores, interpusieron una queja previa ante la Inspección de Trabajo por desacuerdos con la metodología que éstos desarrollaban.
Lucía Figar ha defendido la retirada de Educación para la Ciudadanía porque era "la religión socialista", sólo había generado "un caos tremendo" en el sistema educativo y vulneraba los principios constitucionales de muchas familias.
Los 2.517 directores de escuelas de Primaria, Secundaria y de adultos de toda Cataluña deberán ser profesionales con una formación acreditada en un plazo de entre cinco y ocho años, según ha aprobado el gobierno catalán.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha adelantado que la reforma educativa que tiene previsto aprobar el Gobierno central buscará la excelencia y premiará el esfuerzo de los alumnos y el "trabajo bien hecho".
Trabajadores de los Centros de Enseñanza Infantil de la Comunitat Valenciana y padres con sus hijos se han concentrado frente a la Conselleria de Educación para denunciar los impagos del Bono Infantil desde septiembre del pasado año, una deuda que asciende a cerca de 9 millones de euros.
Son unos 800 docentes de esta comunidad que se acogieron en 2010 y 2011 al plan de prejubilaciones voluntarias recogido en la LOE estatal.
