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El Ministerio de Educación está preparando un informe sobre el contenido de los libros de texto de Primaria y Secundaria de todas las comunidades autónomas, en el que se analiza especialmente la asignatura de Historia para que su contenido tenga un marchamo de “calidad y verificación” de lo que se dice en ellos.
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El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, aseguró el lunes que si no se logra un pacto educativo será “un fracaso monumental” porque no ha habido, en la historia constitucional reciente, un deseo ciudadano “tan enorme” para conseguir un modelo de escuela que dure décadas.
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Unidos Podemos inició el pasado viernes una ruta por diferentes ciudades españolas, bajo el lema “Orgullosas de la Pública, el pacto de Estado sale a la calle”, con la que quiere hacer partícipe a la comunidad educativa de todo lo que se debate en el Congreso, a puerta cerrada.
La Subcomisión del Congreso que trabaja para un pacto educativo lleva un mes debatiendo únicamente sobre el primero de los 15 temas con los que se debe consensuar antes del 17 de mayo un documento que sirva de base para una nueva ley que sustituya a la Lomce, y no se están logrando acuerdos unánimes.
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El Gobierno quiere asegurar la libertad y el derecho de los padres a elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en los centros educativos de Cataluña y está estudiando la fórmula “que mejor lo garantiza y combina” con el modelo educativo catalán.
“Creo que es necesario anclar al PIB el gasto en Educación y hacerlo muy por encima de lo que lo hacemos en la actualidad. Si tenemos en cuenta las propuestas que se vienen haciendo en estas ponencias y sumamos, el pacto va a necesitar una mayor financiación”, señaló la consejera.
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El consejero de Educación de Asturias, Genaro Alonso, ha anunciado que la modificación del decreto de derechos y deberes del alumnado estará lista a finales de curso.
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Los sindicatos Steilas y ELA criticaron este documento al considerarlo insuficiente y que carece de garantías democráticas. Mientras, el texto contó con el respaldo de la Federación de Ikastolas de Euskadi, que lo cataloga como “un punto de partida interesante para lograr un acuerdo”.
