El Gobierno está diseñando el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a aulas ordinarias, lo que ha generado controversia entre las familias y profesores afectados.

Por Ana Veiga

Inclusión Vs exclusión parece una dicotomía sencilla y más cuando afecta a la infancia. Pero cuando tras la inclusión se esconde la idea de cerrar los colegios de educación especial, padres, madres y educadores se dividen en las opiniones aunque comparten intensidad. Por un lado, están los que deciden apoyar la medida o, al menos, apoyarla con matices, como inicio de la creación de una escuela para todas las personas, sin distinción; por otro, aquellos que la ven como la peor noticia posible para los niños con capacidades diferentes. Pero empecemos por el principio.

¿Segregación escolar?

El Ejecutivo estudia introducir en la nueva Ley de Educación el trasvase de los niños con capacidades diferentes a colegios ordinarios. El posible cierre de los colegios de educación especial está siendo diseñado por el Gobierno, aunque la semilla es ajena. Esta idea fue plantada por la ONU, quien recibió una queja de una organización –de la que no han confirmado nombre oficialmente- por la falta de inclusión de niños y niñas con capacidades diferentes en la educación ordinaria.

Por ello, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU investigó a España en enero de 2017 y realizó más de 165 entrevistas con funcionarios representantes de asociaciones de afectados y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados de diferentes ciudades de España. Tras eso, se elaboró un informe donde se cargaba contra España por la ‘segregación escolar injusta’ que, considera, es el envío sistemático de estudiantes a centros de educación especial. Y sugerían que lo mejor para los niños con necesidades especiales es mantenerlos en las escuelas generales pero añadir los recursos necesarios específicos que les apoyen en su aprendizaje.

Theresia Degener, presidenta del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Naciones Unidas (ONU), afirmó: “El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidad les aboca a trayectorias paralelas en la vida escolar, en el empleo y más tarde en la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes”. Para la ONU, el Estado español vulnera el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a la educación al mantener estructuras y dispositivos «discriminatorios y segregadores», incompatiblesconel tratado internacional, firmado por España hace más de una década.

A día de hoy, el Ejecutivo prevé que la norma llegue al Consejo de Ministros en los primeros meses de 2019 e inicie después su tramitación parlamentaria. El Ministerio de Educación comenta que el proceso de reintegración de los niños con diversidad funcional en colegios ordinarios se hará sin prisas y de forma progresiva; y que los actuales colegios especiales serán reconvertidos en centros de apoyo territorial -y sus trabajadores, desempeñarían sus funciones pero en las aulas ordinarias-.

Cinco caves del informe de la ONU

El Comité de la ONU destinado a la evaluación de los derechos de las personas con discapacidad resalta varios puntos clave en su estudio.

1. Que, pese a que las estadísticas disponibles indican un porcentaje alto de inclusión educativa de personas con discapacidad, se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico, que afecta desproporcionadamente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple.
2. Que en el sistema educativo español no existe un reconocimiento generalizado del modelo de derechos humanos de la discapacidad y hay una falta de acceso a la educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad. La inclusión se entiende entre una gran mayoría del personal docente como un principio, una tendencia o un método pedagógico y no como un derecho.
3. Las personas con discapacidad quedan encuadradas en un sistema de educación paralelo que consiste en los centros de educación especial o en las aulas especiales dentro de los centros ordinarios. Un efecto del sistema existente es la invisibilización de las personas con discapacidad, dejándolas fuera del sistema general, identificándolas desde sus primeros años de vida como “personas que no pueden lograr como las demás”. La trayectoria educativa las encierra en un sistema principalmente médico-rehabilitador, que limita o imposibilita su acceso a las herramientas que necesitan para una vida independiente en la comunidad y su contribución en el mundo social y laboral.
4. Los hallazgos de la investigación revelan la insuficiencia de las medidas adoptadas para promover la educación inclusiva de las personas con discapacidad, y la poca previsibilidad del sistema de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
5. El sistema de educación inclusiva debe proveer la educación a todos los estudiantes y estar basado en una educación de calidad proporcionando a cada estudiante el apoyo que requiera. Para lograr de manera práctica la educación inclusiva, es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes, recordando que la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado y a ser proporcionado con ajuste razonable y debe entenderse como el deber de proporcionar ambientes de enseñanza accesibles y ajustes razonables

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Testimonios

“Mi hijo encontró un oasis en el desierto al comenzar a estudiar en un centro específico de Educación Especial”

José María Escudero, presidente de la Plataforma Educación Inclusiva.

De los 217.275 alumnos españoles con discapacidad matriculados en el curso 2016-17 en enseñanzas no universitarias, el 17% del total lo hacía en centros especiales o aulas específicas de colegios ordinarios, dos modalidades rechazadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Uno de esos niños se llama Jaime, tiene 9 años y autismo. Su padre, José María Escudero, es el Presidente de la Plataforma Educación inclusiva sí, especial también. Esta agrupación ha presentado 180.000 firmas en la Asamblea de Madrid contra un eventual cierre de esos centros especiales y en contra de los proyectos de ley que apuestan por la inclusión de estas personas con necesidades educativas específicas en los colegios ordinarios. “Jaime no tiene lenguaje verbal y experimenta muchas dificultades para poder comunicarse. Lleva casi 3 años en un colegio de Educación Especial porque antes, en el ordinario donde estuvo un año, el desfase con su aula de referencia era tan grande que únicamente podía compartir con sus compañeros el tiempo de recreo y el comedor”, explica. En el centro escolar al que iba no había profesores con formación en autismo y eran ellos, la familia de Jaime, quienes pagaban a una persona de apoyo en el aula. “Al año siguiente, tuvimos la gran suerte de conseguir plaza en otro colegio de educación ordinario, que contaba con un aula TEA -específica para niñas y niños con autismo-”, narra José María. Durante un tiempo, Jaime dividía su tiempo entre su clase de referencia y el aula TEA, hasta que llegó un momento en que el tiempo en el aula específica empezó a aumentar. Los especialistas nos aconsejaron que, para Jaime, en esos momentos era más importante el trabajo que podían realizar con él durante todas las horas del día en un centro de Educación Especializada. Y se cambió. “Te aseguro que a todos se nos rompe el alma… pero esa sensación de tristeza se convierte en una alegría desbordante cuando a los pocos días descubres que, por fin, tu hijo ha encontrado su sitio, su oasis en el desierto”. Sobre la medida que el Gobierno tiene entre manos, opina que demuestra un “absoluto desconocimiento de la discapacidad intelectual y desinterés”.

“Nos arriesgamos a dar un enfoque asistencial a la Educación Especial, algo que creíamos superado desde los ochenta”

Miren J. García Celada, directora pedagógica y orientadora en el colegio María Corredentora.

María Corredentora es un colegio de Educación Especial en el que todos los alumnos/as tienen discapacidad. Desde hace años, realizan programas para favorecer la inclusión con otros alumnos escolarizados en colegios ordinarios, algo que encuentra “enriquecedor” tanto para sus alumnos como para los de otros colegios. No obstante, cuando hablamos de incorporar alumnos en su centro que han cursado la Educación Primaria o la ESO en centros ordinarios, dice ver en ellos ciertas conclusiones negativas de la experiencia como inseguridad en ellos mismos, dependencia en actividades de la vida diaria y de autonomía personal por falta de desarrollo de las mismas, dificultades en la interacción social, problemas emocionales…. “Debemos superar ese enfrentamiento entre Educación Especial y Educación Inclusiva. Ambas modalidades somos complementarias”. Así, considera que los colegios de Educación Especial constituyen “una respuesta educativa más, una forma más de prestar apoyos para la educación de calidad de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, como un elemento de diversidad, y por tanto enriquecedor, del sistema educativo” y no cree que su cierre sea una buena idea. Y, aunque en la medida propuesta por el Gobierno se tendría personal especializado en el aula para dar atención extra a los menores que lo necesiten, no le parece suficiente. En su opinión debe existir “complementariedad entre los colegios ordinarios y los de Educación Especial, de manera que se pueda atender adecuadamente a las diversas necesidades educativas que presenten los alumnos, desarrollando su personalidad, aptitudes y capacidades al máximo, que es uno de los aspectos que resalta la ONU”, sostiene. Es más, García cree que el cierre de los centros de Educación Especial podría conllevar “el riesgo de provocar mayor segregación hacia aquellos alumnos con capacidades diferentes y necesidades especiales; y de volver a ver los colegios de educación especial con un enfoque sanitario o asistencial, algo que creíamos superado desde los años 80”.

“Es la oportunidad de transformar la escuela en una en la que quepamos todos y todas y eso redunda en la mejora educativa”

Ignacio Calderón es profesor de teoría de la Educación en la Universidad de Málaga.

“No me inclino mucho a hacer definiciones porque es precisamente esa obsesión nuestra por delimitar y etiquetar lo que nos ha traído hasta aquí. En el terreno educativo, inclusión se refiere a darle la vuelta a la educación y hacerla para todas las personas, y para todas juntas. Por eso hablamos de una escuela sin adjetivos eduque a toda la infancia en que, en la sociedad, cabemos todas las personas si aprendemos a vivir unas con otras, respetando y valorando nuestras diferencias”. Opina lo mismo del término ‘Educación Especial’. “La división entre educación ordinaria y especial es una de las cuestiones que hay que problematizar porque parte de la idea de que es legítimo que un grupo de chicos y chicas no pueda estar con otro. Hablamos de capacidades diferentes, lo que no deja de ser una trampa: con ello afirmamos que quienes decidimos poner ese adjetivo nos calificamos de normales. El uso de la normalidad excluye, es un acto de cobardía que reniega de nuestras diferencias para no ser excluidos”, sentencia. Reconoce que los centros de Educación Especial han tratado de responder a esa exclusión que históricamente han sufrido muchos niños y niñas estigmatizados por la discapacidad, pero considera que la solución a esta división que excluye es aprender a vivir juntos. “Las escuelas deben ser de todas las personas, y para que eso ocurra tenemos que generar en el interior de ellas una importante flexibilidad. Eso redunda en la mejora educativa ”. A pesar de mostrar cautela por no saber aún cómo se llevaría a cabo el cierre de centros especiales, cree que es algo que tenemos que acometer “porque nos comprometimos hace décadas. Tenemos que lograr que todos podamos aprender juntos, lo que no significa aprender lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo”. Y añade: “Este cambio implicaría transformar la cultura y las prácticas de los centros. Calderón augura que esta medida ofrece “la oportunidad para comenzar ese cambio que necesita nuestro sistema”.

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