El 15% de las familias no disponen de recursos para la enseñanza online. Unas denuncian falta de comunicación con el Gobierno mientras que otras creen que sí hay coordinación. Todos tendrán que adaptarse a los tiempos del ‘contactless’.

Por Javier Peris

La comunidad educativa no se paró durante el confinamiento y profesores, alumnos y familias lograron mantener, mal que bien, la actividad docente. Pero hubo una excepción y no menor: las asociaciones de padres y madres de alumnos, que por razones evidentes no pudieron realizar su labor. Sólo a través de los órganos de ámbito estatal y autonómico ejercieron como interlocutores en el diagnóstico y en la adopción de medidas. Aunque con desigual suerte. Mientras para las AMPA de centros concertados sus opiniones han sido ignoradas a nivel estatal, la Gonzalo Anaya, principal confederación de AMPA de la escuela pública en la Comunidad Valenciana, destaca el diálogo que mantiene la Administración autonómica con todas las asociaciones.

Pedro José Caballero es el presidente de Concapa, la federación de AMPA de centros concertados, en su inmensa mayoría religiosos. Coincide con la otra gran confederación, la de los centros públicos (Ceapa), en cuantificar la brecha digital que ha desvelado el confinamiento: “En torno al 15% –señala Caballero–, mientras los cálculos del Ministerio apenas llegan al 5%. A esto hay que añadir las limitaciones de las plataformas tecnológicas, que no estaban preparadas para funcionar al 100% de su capacidad y han sufrido constantes problemas”. El presidente de Concapa añade que “el seguimiento que hemos hecho de las familias ha constatado las dificultades que han soportado por tener un solo equipo en casa, que han tenido que compartir, por turnos, el teletrabajo de los padres y los estudios de los hijos”.

Concapa, afirma su presidente, apenas ha participado en la crisis del Covid; según Caballero, “porque el Gobierno no ha querido. En todo este tiempo sólo recibimos una llamada de dos minutos de la ministra para preguntarnos cómo iba todo, aunque sí hemos trasladado nuestras opiniones de manera muy activa a través de los medios”. Entre ellas, que las medidas que se discutieron y aprobaron en las reuniones entre Gobierno y autonomías –y que dejan en manos de las segundas la forma y los plazos de aplicación–“no establecen protocolos claros y viables para la incorporación a las aulas. Y a causa de esta indefinición los gobiernos autonómicos han acabado delegando a su vez en cada centro. Al final, por tanto, se hace responsable a las familias de las condiciones de seguridad sanitaria de los alumnos”.

Tests masivos y recursos

Para este curso, en relación con la amenaza del Covid, Concapa pide fundamentalmente dos cosas: “primero, test masivos y periódicos a toda la comunidad educativa: docentes, PAS y alumnos; es la única forma de conocer la situación real en cada centro. Y en segundo lugar, una inversión económica suficiente para que los centros adopten y apliquen todas las medidas de prevención necesarias que, a su vez, generan otros sobrecostes, como en el caso de profesorado”. Caballero subraya que “esta inversión debe hacerse en todos los centros sostenidos con fondos públicos, y eso incluye a los concertados”. En este sentido, Concapa denuncia que la nueva ley de Educación se empezó a tramitar ya en pleno estado de alarma: “La reforma deja de lado a los centros concertados y la libertad de elección de las familias, se elimina la clase de Religión y ni siquiera se contempla una materia alternativa, algo que el PSOE no se atrevió a hacer ni los tiempos más conflictivos”.

¿Qué va a ser de las AMPA en la ‘nueva normalidad’? “Concapa –cuenta Caballero–ha hecho esta pregunta a varias instancias de la Administración, porque nuestra labor siempre ha sido fundamentalmente presencial. Y la respuesta siempre ha sido que debemos adaptarnos y sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías. El problema es que tenemos los recursos que tenemos, pero habrá que desarrollar métodos mixtos para seguir haciendo nuestra labor de la mejor manera posible”.

Como el resto de las asociaciones del Estado, la Confederación de AMPA del País Valenciano Gonzalo Anaya se ha implicado intensamente en la frenética actividad que ha supuesto para todos los agentes educativos la adaptación del curso pasado al confinamiento, sin dejar de trabajar para este nuevo ejercicio. Su presidente en funciones, Màrius Josep Fullana, confiesa estar sorprendido por el alcance de la brecha digital que puso de manifiesto la docencia a distancia: “Alrededor del 15% de las familias no tenían acceso a internet. La Conselleria valenciana fue muy diligente a la hora de proporcionar ordenadores a los que carecían de ellos, pero aun así sólo se consiguió en parte. Según la Conselleria de Educación, este curso ya hay disponibles dispositivos suficientes y también se está formando al profesorado para aprovechar mejor todos los recursos digitales”.

Existe unanimidad entre la comunidad educativa a la hora de primar la Educación presencial, “que es la única –sostiene Màrius Fullana– que permite la socialización, la trasmisión de valores, la formación del espíritu crítico…, aspectos que forman parte de la Educación tanto como la instrucción en conocimientos”. Estudiar desde casa, sin embargo, se encuentra ya protocolizado para aquellas circunstancias que lo hagan aconsejable: “En el País Valenciano se ha previsto que a partir de 3º de ESO, cuando el centro no pueda asegurar la distancia física recomendada, los alumnos se turnen para acudir a las aulas. No se trata, en realidad, de teledocencia porque el grueso del currículo y de los objetivos pedagógicos sigue apoyándose primariamente en las aulas”.

La experiencia del confinamiento, según Fullana, “ha servido para dar un gran salto en la utilización de recursos telemáticos en la docencia, pero ahora no debemos parar. En primer lugar, hay que asegurar que todas las familias tengan acceso a esos recursos; y después, conseguir integrarlos con naturalidad y eficacia en la docencia”.

Actitud constructiva

La crisis del coronavirus ha puesto a prueba los engranajes del Estado de las autonomías en muchos sectores, también en el educativo. El presidente de la Gonzalo Anaya, la principal confederación de AMPA de la Comunidad Valenciana, cree que “la coordinación ha sido buena; se han alcanzado muchos acuerdos en la Sectorial Gobierno-Autonomías, pero a partir de ahí, como es lógico y deseable, cada gobierno regional está aplicando las medidas de la forma que cree más adecuada. En nuestro caso, nos mostramos bastante satisfechos con la disposición del Gobierno valenciano a estudiar todas las propuestas de las AMPA y que haya acabado aceptando muchas de ellas. De hecho, desde el principio hemos ido por delante del resto de comunidades en el establecimiento de medidas tanto de seguridad y prevención como educativas”.

Además, Fullana destaca la actitud constructiva y prudente que la Gonzalo Anaya ha querido mantener durante la crisis: “Hemos evitado acrecentar la incertidumbre precipitándonos en las críticas o las opiniones. La Administración ha tenido que trabajar muy rápido y hablar con mucha gente y pensamos que estaba de más ventilar públicamente discrepancias o críticas antes de que las medidas estuvieran cerradas”.

Para las AMPA también habrá un antes y un después de la epidemia del Covid19. Más allá de las implicaciones académicas y tecnológicas, los padres y madres y alumnos son los más sensibles, como es lógico, al riesgo sanitario y de ahí su protagonismo durante toda la crisis: “Espero que esta implicación continúe –señala Màrius Fullana–, y que a partir de ahora las familias avancen aún más en la participación en los centros”.