Castilla y León ha tomado una posición clara y diferenciada en el debate sobre el uso de la tecnología en los centros educativos. Frente al anteproyecto impulsado por la Comunidad de Madrid –que propone prohibir los dispositivos móviles en los colegios e institutos–, la Consejería de Educación castellano-leonesa defiende una vía basada en la formación y la responsabilidad compartida, más que en la imposición de normas restrictivas.









