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Los alumnos de las comunidades con lengua cooficial que no vean satisfecho el derecho a recibir la enseñanza en castellano en centros públicos o concertados y recurran a la escolarización privada deberán pagar los costes de matrícula y reclamar después los gastos efectivos al Ministerio de Educación. El Estado deducirá o retendrá de la financiación autonómica el importe de los gastos de escolarización en centros privados asumidos por el Ministerio.
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El Consejo de Estado ha concluido en sus dictámenes sobre los proyectos de reales decretos por los que se regulan los currículos de Primaria y Formación Profesional Básica, de la reforma educativa, que ambos carecen de un cálculo específico sobre sus impactos económicos.
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La FP Básica, cuyo ciclo se pondrá en marcha el próximo curso, conllevará cambios más restrictivos que los actuales PCPI en cuanto al tipo de profesores y a los centros que la impartan. Pero el Ministerio dejará un periodo de transición de dos años para que las comunidades autónomas cumplan con esos requisitos.
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Fundación Telefónica ha querido dar respuesta a esta pregunta apoyándose en 200 aulas virtuales, que han contado con más de 5.000 docentes de nueve países, la organización de 70 eventos presenciales con más de 9.000 asistentes y las aportaciones de 300 ponentes internacionales.
