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La universidades que componen el grupo G-9 han pedido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el cumplimiento de los compromisos económicos del programa María Goyri, la asunción de la evaluación de ayudantes doctores por las agencias de calidad y una definición estable de los procesos de acreditación previstos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).





