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En el marco de su labor por difundir, concienciar y hacer llegar el conocimiento del autismo a la sociedad, la Fundación Orange organiza una jornada muy especial protagonizada por el virtuoso pianista británico Derek Paravicini y Adam Ockelfor, su profesor durante 30 años.
La consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, considera una "buena noticia" que el ministro del ramo, José Ignacio Wert, haya aceptado dar más tiempo a las comunidades autónomas para aprobar los planes de estudio de Secundaria y Bachillerato, tal y como había reclamado la Comunidad de Madrid.
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El Ministerio de Educación cofinanciará con el Fondo Social Europeo los gastos directamente relacionados con la implantación de la reforma educativa, que ascienden a unos 2.000 millones de euros hasta el 2020, y aplazará parte del desarrollo curricular de la norma. Estas son las principales conclusiones de la primera Conferencia Sectorial entre el ministro José Ignacio Wert y las comunidades autónomas, después de que entrara en vigor el pasado 30 de diciembre la Lomce.
Los consejeros de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco han escenificado de forma conjunta su rechazo a la reforma educativa aprobada a finales del pasado año y han pedido que se "frene" ya que es "imposible", a su juicio, ponerla en marcha el próximo curso.
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El consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, ha anunciado en Valladolid que esta comunidad autónoma aplicará "despacito y con buena letra" la progresiva implantación de la Lomce. "Queremos avanzar sin prisas, sin ahogos, con tranquilidad y fieles a los criterios que nos han situado como una comunidad que educa bien", ha añadido el consejero ante los periodistas después de asistir a la toma de posesión del presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, Gerardo Gutiérrez.
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El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha subrayado que mientras "Cataluña debe cinco meses de pago a su universidad y otras comunidades hasta 11 meses", en Extremadura la deuda es de "cero euros". Monago ha valorado así que el Ejecutivo autonómico haya saldado la deuda con la Universidad de Extremadura y esté cumpliendo con el objetivo "de poner recursos a los alumnos, docentes e investigadores".
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El sindicato asegura que la nueva ley educativa vulnera nueve artículos sobre derechos fundamentales recogidos en la Constitución, cuatro convenios internacionales y una directiva europea.
