El consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, se ha mostrado convencido de que la decisión que adoptó Andalucía con respecto a la convocatoria de las oposiciones de plazas públicas de profesorado para 2011 “tiene amparo jurídico y político”. De la Chica ha argumentado el supuesto amparo jurídico de la decisión adoptada por su departamento en que, según establece el artículo 23.1 de los Presupuestos Generales del Estado, las comunidades autónomas pueden concentrar el 10% de crecimiento en plazas de funcionarios “en aquellos aspectos que considere esenciales”.