Una plataforma de cincuenta organizaciones sociales, de todos los colores ideológicos, ha hecho balance: los inconvenientes de la televisión para los menores son más graves que hace un año, cuando no existía una Ley Audiovisual, garante de su protección.
16 de febrero. Manoli, 10 años, hace sus deberes. Quiere descansar un poco. Sus padres no le ponen pegas. Pincha en Antena 3. Entrevistan “a una señora que dice haber mantenido una relación con el cantante Máximo Valverde y que, según comentan varios contertulios, guarda semen en un condón en el frigorífico”.
14 de septiembre. Programa de Cuatro, entre 15.40 y 17.05 horas. “Un señor en una playa, vestido con un tanga, haciendo gestos obscenos: me doy por el cuerpo esa cremita que llevamos los hombres”. A Manolo dice que le distrae la telebasura, pero la presencia de su nieta le hace desistir de continuar con esta mercancía.
30 de noviembre. Josemi, 9 años, está en casa a las cuatro de la tarde. Al entrar en el salón oye gritos de este tenor: “sinvergüenza”, “baboso”, chantajista”, “cocainómana”, “prostituta”. Mamá se alarma, toma el mando y abandona Telecinco.
Los entrecomillados pertenecen al centenar largo de casos –más atroces aún– denunciados en un informe del OCTA sobre el estado de nuestra televisión, por las tardes. Coincide con el primer año en vigor de la Ley General Audiovisual, ley que hace dos cosas: crea un espacio protegido para los menores –franjas horarias libres de daño para ellos–, y un organismo, un Consejo, para gobernar el mercado audiovisual y castigar los incumplimientos de los operadores de tv.
De la lista de transgresores al horario infantil no se libra ninguna cadena importante, ni sus canales auxiliares. Nadie ha sido nunca sancionado por estas violaciones. ¿Están satisfechos con la impunidad en que se mueven? “Claro que me siento cómodo viendo la programación de La Sexta. Es joven y desenfadada. ¡Me encanta!”, presumía su entonces propietario, Emilio Aragón. (Suplemento XL Semanal).
Rebelión cívica
Los espacios libres de telebasura son dos: uno de protección reforzada, de ocho a nueve por la mañana y de cinco a ocho por las tardes; el segundo, menos riguroso, de 06.00 a 22.00 horas. Ahí, cualquier programa inadecuado para menores y adolescentes debe ir acompañado, durante toda la emisión, por unas advertencias visibles y audibles, para que los padres decidan si quieren que sus hijos lo vean.
El estudio se denomina Vulneraciones a la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual en materia de protección de menores. Lo avalan organizaciones sociales con un ideario muy plural. Desde la ONCE hasta UNICEF y la UNESCO, desde CCOO a UGT, pasando por confederaciones de padres de alumnos de ideologías contrapuestas, asociaciones de telespectadores como ATR y Plaza del Castillo, de consumidores o la Universidad Rey Juan Carlos.
En total cincuenta entidades cívicas agrupadas en el Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA), que ha dado la cara por el derecho de los espectadores y pedido al Gobierno que se cumpla la ley y acabe con la impunidad. El estudio del OCTA no es un hecho aislado. Su contenido es demoledor y sonrojante. Va en la misma línea de los efectuados, antes de existir la Ley Audiovisual, por la Agrupación de Telespectadores (diez informes entre 2005 y 2009), CEACU (2008) y otro muy reciente, de la Universidad Rey Juan Carlos.
Este último, Cinco años después del Código de Autorregulación, cuantifica en 4.889 las vulneraciones a las normas de protección de menores por las televisiones, entre el 9 de septiembre y el 31 de diciembre de 2008. Y del 1 de julio al 30 de septiembre de 2009, los incumplimientos fueron 5.838.
Que llueve sobre mojado, lo sabe todo el mundo. Según el Defensor del Pueblo (noviembre 2010, con la Ley Audiovisual en vigor), el 47% de los españoles piensa que no se cumplen las vigentes normas de protección a los menores. María Luisa Cava de Llano, titular en funciones de la institución, concluyó que era necesario disponer de una autoridad audiovisual. Antes lo había exigido el Defensor del Menor, en Madrid.
En contra de las críticas fáciles –“ya están de nuevo los alarmistas y pacatos”, suele decirse– la novedad no está en la deficiente conducta de las televisiones para con los niños, sino en que los poderes públicos se inhiban del cumplimiento de la ley, perjudicando al más débil, el espectador. Repito: hasta el 1 de mayo de 2010, esa protección era voluntaria; desde ese día, la norma de aplicar el código ético es obligatoria. La Ley General Audiovisual establece que los ciudadanos tienen el derecho a exigir que, al menos entre las cinco y las ocho de la noche, la programación de las cadenas no emita nada perjudicial para el desarrollo físico y mental de los menores de 13 años.
Por primera vez en España, un organismo muy representativo socialmente, se ha movilizado para recordar al Gobierno que el ciudadano español tiene el derecho a que las cadenas no abusen de su poder sobre la audiencia y le impongan los contenidos que deseen, y a la hora que les interesa. No se trata de moralizar los programas de televisión, sino de cumplir con una obligación legal.
Tampoco proponen la censura en televisión, sino ejercer su derecho a no ser tratados como simples consumidores. Consumidor es quien paga por un periódico de papel, cuya línea de pensamiento conoce previamente. Implica un acto expreso de voluntad. En cambio, el espectador de televisión, o acepta los contenidos o no hay televisión. Es un sofisma plantear el problema en los términos que lo hacen muchas personas: “Nadie está obligado a ver la televisión”.
Pero ¿puede alguien garantizar el ejercicio de tal derecho? Sí, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). La ley prevé la puesta en marcha de ese órgano regulador. Funciones: vigilar que se respeten los horarios de protección a menores, advertir a los operadores si no lo están haciendo e imponer sanciones cuando violen la ley. El OCTA exige al Gobierno la constitución del Consejo Audiovisual. Ya va para un año su demora.
¿Quién bloquea este Consejo? Primero, el Gobierno dice que no hay dinero; segundo, algunos medios de comunicación conservadores objetan que es un órgano de censura; tercero, el PP alimenta la sospecha de que amenaza la libertad de expresión; cuarto, las televisiones privadas exigen campo libren en la batalla por la audiencia. Vale todo y a todas horas.
Consejo audiovisual
Órganos reguladores los hay en banca, energía y telecomunicaciones. En el mercado televisivo actual funcionan incluso emisoras ilegales, otras ponen películas pornográficas a las cinco de la tarde y los canales subsidiarios de Telecinco y Antena 3 ofrecen a la hora del almuerzo programas para adultos. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Portugal tienen su Audiovisual. En España, la ley hace de ese Consejo una autoridad plural e independiente, no política, como la actual (Ministerio de Industria). Lo constituirán siete vocales, elegidos entre profesionales de reconocido prestigio en el sector. Decidirán por votación sobre temas de su competencia. Ni censura, ni suplanta a los jueces. Pero sanciona.