Las leyes que pretenden prohibir o regular el acceso de los menores a internet nacen con una promesa tranquilizadora: proteger. Pero bajo esa promesa se esconde una verdad incómoda que los responsables políticos se niegan a mirar de frente: estas leyes están condenadas al fracaso porque parten de un profundo desconocimiento del ecosistema digital que pretenden gobernar. No es un error técnico; es un error estructural, cultural y generacional.






