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El Ministerio de Educación estudiará las propuestas de contenido que le lleguen sobre la asignatura que sustituirá a Educación para la Ciudadanía (EpC), aunque ha precisado que el "concepto principal" será el de las normas constitucionales y el de las instituciones españolas y europeas.
El director del Instituto Universitario de Integración en la Castilla y León (Inico), Miguel Ángel Verdugo, ha criticado que la escuela se está gestionando con "modelos de hace 30 ó 40 años" y le cuesta "generalizar modelos más comunitarios y de apoyos individualizados".
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El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha considerado que la implantación del nuevo modelo educativo para el curso 2013-14 "parece un objetivo razonable".
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La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha asegurado que, de la misma manera que el Gobierno quiere que la asignatura de Educación para la Ciudadanía explique la Constitución, Cataluña puede estudiar la posibilidad de que en esta comunidad se explique el Estatut.
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La secretaria de Igualdad de la Xunta, Susana López Abella, ha expresado su intención de eliminar en 2012 el "sesgo de género" en Educación.
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El vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, ha anunciado que no convocará oposiciones para docentes si la tasa de reposición de profesores jubilados es del 10 por ciento, ya que cree "absolutamente absurdo" convocar un tribunal de oposición para 81 plazas.
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La mayoría de los sindicatos presentes en la Junta de Personal Docente, STEC, CCOO y UGT, ha rechazado la oferta de empleo público para 2012, que califica de "ridícula", y ha convocado una concentración de protesta ante la confirmación de que finalmente serán 25 plazas.
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El Ministerio de Educación estudiará las propuestas de contenido que le lleguen sobre la asignatura que sustituirá a Educación para la Ciudadanía (EpC), aunque ha precisado que el "concepto principal" será el de las normas constitucionales y el de las instituciones españolas y europeas.
Los 2.517 directores de escuelas de Primaria, Secundaria y de adultos de toda Cataluña deberán ser profesionales con una formación acreditada en un plazo de entre cinco y ocho años, según ha aprobado el gobierno catalán.
