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La nueva ley de Formación Profesional, una profunda reforma del sistema que el Gobierno prevé aprobar después del verano, pretende actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España, donde la mitad de su población activa (11 millones) no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa.







