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La memoria económica de la reforma educativa distingue entre los costes directos de implantación (408 millones de euros), que corresponden íntegramente a la administración central, y los indirectos, que deberán asumir las autonomías y serán mayores cuanto más alumnado se matricule en FP. Al menos son los cálculos con que el Gobierno acompañó el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ya aprobada por las Cortes. Pero estas cuentas no le salen a la oposición.