Los centros educativos públicos y los privados concertados deberán asumir un reparto equitativo de los alumnos vulnerables a partir del próximo curso para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, aunque esa distribución sólo se llevará a cabo en las aulas de 2 años y no afectará a los ya escolarizados.








