Si comprendemos la soberanía como la facultad última de decisión de un pueblo sobre su propio destino dentro de un territorio determinado, debemos también reconocer que tal condición no puede ser un cheque en blanco absoluto ni permanecer indemne a la moralidad de los gobernantes de turno. El derecho internacional moderno protege la integridad territorial y la no intervención, pero también ha ido integrando el imperativo de la responsabilidad cuando el ejercicio del poder degenera en un atropello sistemático a la dignidad humana.