Toda Ley educativa al ser proclamada o modificada en profundidad tiene como aspiración obtener un impacto en la mejora de la calidad y equidad del proceso de enseñanza y aprendizaje que reciben los ciudadanos y el éxito escolar. Como todo cambio sustancial, precisa ser comprendido y asumido por los docentes, para ello, se hace necesaria una formación que permita aplicar con soltura los cambios operados.