El debate sobre la formación profesional privada ha ganado intensidad en las últimas semanas. Por un lado, el nuevo proyecto de Real Decreto de FP refuerza la exigencia sobre los centros privados, regula con más detalle la modalidad virtual y eleva el listón de autorización y control. Por otro, la OCU ha pedido inspeccionar nueve academias privadas online por posibles prácticas irregulares vinculadas a la información al alumnado, la homologación de cursos y la realización de prácticas. En este contexto, Santiago García, secretario general de CECE nacional y experto en Formación Profesional, analiza la situación y reclama cautela para no confundir casos concretos con todo el sector.







