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La medida "atenta de nuevo contra los derechos de los funcionarios públicos, pone de manifiesto el desprecio hacia los mecanismos de representación establecidos en democracia y demuestra la incapacidad del Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía, puesto que un programa de Gobierno que se presenta a los electores es un contrato con ellos, y en él nada se decía sobre las medidas de presión contra los funcionarios públicos".


