Antes salón principal de un
ostentoso palacete en la zona
más chic de Madrid, el
despacho de Enrique Múgica
abruma por sus dimensiones,
propias del más megalómano
jefe de Estado. El Defensor
del Pueblo nos recibe con
modestia y matiza que él sólo
es un morador eventual. Sus
respuestas destilan la
prudencia de un cargo que
representa a todos los
españoles. También la
sabiduría de un hombre
político de vuelta de todo.
Autor: RODRIGO SANTODOMINGO
P. Usted aboga por extinguir el tuteo en las relaciones alumno profesor. Más allá de formalidades, ¿considera que la erosión del respeto al docente tiene mucho que ver con los mensajes que lanzan las propias familias?
R. Está claro que los valores de respeto y disciplina están en crisis desde hace tiempo, y también que el respeto hacia el profesorado no sólo se adquiere en la escuela: la cimentación de ese valor es responsabilidad de la sociedad en general y de la familia en particular. Todos somos responsables de que los alumnos vean en los profesores a una figura esencial para su formación humana y para su desarrollo personal.
P. Y en las relaciones entre iguales, ¿piensa que ha aumentado el bullying o acoso escolar? Muchas veces ni siquiera sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de “acoso” …
R. Desde nuestro punto de vista, el acoso escolar es un tipo de maltrato que se manifiesta de forma reiterada y no ocasional, quebrando la simetría que debe existir en las relaciones entre iguales. Entendido en estos términos, un reciente informe nuestro ha demostrado que determinadas formas de bullying, especialmente las conductas violentas más frecuentes y menos graves, han experimentado un claro retroceso en comparación con el año 1999.
P. El Defensor del Pueblo fue pionero al referirse en España al cyberbullying. Sé que es sólo una parte del problema, pero ¿apoyaría prohibir de forma tajante los móviles en los centros educativos?
R. Las características de esta forma de acoso, como son el anonimato del agresor y la amplificación de sus efectos por el número de personas que pueden ver las imágenes o tener conocimiento de ellas, requieren a mi juicio la adopción de medidas específicas. Ahora bien, la ponderación de estas medidas corresponde a las administraciones educativas, que ya en algún caso han prohibido el empleo de teléfonos móviles en los centros docentes.
P. Está a favor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero echa de menos un enfoque más neutral. ¿Resulta imprescindible que los grandes partidos acuerden sus contenidos básicos?
R. Ante todo estoy a favor del cumplimiento de la legalidad vigente. También pienso que es importante asumir el deber de educar a los alumnos en el conocimiento de los principios constitucionales que rigen el ejercicio de una ciudadanía responsable y establecen las bases de nuestra convivencia. Respecto a los contenidos básicos de la asignatura, sería deseable un acuerdo de las fuerzas políticas y de toda la comunidad educativa tendente a obtener el más amplio consenso.
P. En cualquier caso, esto es sólo una muestra de la permanente guerra educativa que asola este país. ¿Para cuando un gran pacto nacional, aunque sea de mínimos, sobre educación?
R. Desde luego, comparto la idea de que la educación no debería estar sujeta a cambios determinados por la alternancia en el poder político. El sistema educativo debería gozar de la estabilidad necesaria para demostrar sus posibles puntos débiles. Las constantes modificaciones que ha experimentado nuestro sistema educativo en los últimos años han movido al Defensor del Pueblo a instar a las fuerzas políticas, autoridades y comunidad educativa a aunar sus esfuerzos para consensuar un sistema educativo con una aplicación duradera y sin sobresaltos.
P. ¿Piensa que en España nos preocupamos poco por la educación? En Francia o Inglaterra el sistema educativo es una cuestión de estado.
R. Somos poco conscientes, o quizás el debate público de los temas educativos no lo pone suficientemente de manifiesto, de las repercusiones de la educación en el desarrollo económico, la integración social y el bienestar de los ciudadanos. Los resultados que los alumnos españoles han obtenido en los últimos informes PISA, siempre por debajo del rendimiento promedio de los alumnos de la OCDE, han llevado al Defensor del Pueblo a llamar la atención sobre la necesidad de determinar los factores que contribuyen a estos resultados y de realizar las modificaciones, incluidas las relativas a financiación del sistema, que permitan mejorar la formación de los alumnos.
P. Usted es un gran batallador contra la telebasura en horario infantil. Afirma que la autorregulación no funciona, que hay que imponer sanciones. ¿Por qué nadie se atreve? ¿Tal es el poder de las grandes cadenas?
R. Sobre este tema he expresado de forma reiterada mi opinión favorable a la creación de una autoridad independiente, desvinculada del poder ejecutivo. A ésta habría que encomendarle el control y sanción de los medios de comunicación de titularidad pública, e incluso privada, si prestan un servicio público esencial como es el caso de la televisión. Estamos convencidos de que esta figura permitiría resolver los problemas que se vienen planteando en cuanto a la protección de la juventud y la infancia frente a los contenidos y la programación de estos medios.
P. Por su parte, los programadores aducen que la responsabilidad también es de los padres, que deberían controlar lo que ven sus hijos. Parece difícil negar el fenómeno de la tele como niñera.
R. En efecto, se trata de una responsabilidad compartida. Los padres son responsables de los contenidos televisivos que ven sus hijos y deben controlarlos. Sin embargo asumen esta responsabilidad junto con las cadenas de televisión y otros agentes sociales, ya que a todos incumbe el cumplimiento del deber constitucional de otorgar una especial protección a la juventud y la infancia frente a la libertad de expresión.
