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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado una modificación del decreto que regula la función pública docente, la selección del profesorado y la provisión de puestos, por la que se permitirá que los profesores interinos puedan continuar en las bolsas de trabajo aunque no se presenten a las oposiciones.
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Los sindicatos CSIF y AMES denunciaron la semana pasada las situaciones de acoso que sufren profesores no independentistas en Cataluña, al tiempo que anunciaron su confluencia para las elecciones sindicales de 2019.
Según el Foro de la Familia, “el Gobierno de Murcia vulnera los derechos constitucionales de los padres”, ante la iniciativa de Educación Afectivo-Sexual en las aulas, puesto que estas materias deberían ser competencia exclusiva de los padres.
El secretario de Estado de Universidades, Jorge Sáinz, ha afirmado que el debate sobre la implantación de una prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única y simultánea en España se debe vincular al Pacto por la Educación.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado la nulidad parcial del Decreto de Plurilingüismo que establece el modelo lingüístico educativo valenciano y regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la región por discriminar al castellano.
El director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados del Gobierno vasco, Rikar Lamadrid, ha asegurado que la Formación Profesional deberá aportar el 69% de los 100.000 profesionales que necesitará Euskadi en 2020 para cubrir las necesidades de las empresas vascas.
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Las administraciones educativas convocarán este año más de 22.000 plazas para maestros y docentes de enseñanza no universitaria, como resultado del acuerdo para la mejora del empleo público firmado en 2017 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos para reponer las bajas producidas.
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El Senado ha rechazado instar al Gobierno a reducir y homogeneizar progresivamente el importe de las matrículas de los grados y másteres universitarios hasta lograr que sean gratuitas en un plazo máximo de cuatro años.
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Cuatro magistrados que emitieron voto particular a la sentencia del Constitucional que avaló el pasado día 10 la financiación con dinero público de colegios de Educación diferenciada, consideran que esa separación sexual excluye a las personas intersexuales.
