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El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tachó de “chapuza” la medida del Gobierno de costear la enseñanza en castellano de los alumnos en Cataluña, que anuló el Tribunal Constitucional, y ve con preocupación que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, no sepa “cómo aplicar” la ley en Cataluña.
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La decisión del Tribunal Constitucional sobre la Lomce, que anula la obligación de que la Generalitat costee la enseñanza en español de los alumnos en Cataluña, ha supuesto un varapalo para el Gobierno, que ha reconocido que tendrá que tenerla en cuenta en sus planes “para garantizar el castellano”.
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El Gobierno aprobó el pasado viernes (BOE de 26 de febrero) el real decreto sobre oposiciones docentes, que mantiene como hasta ahora –a pesar de las pretensiones de algunos sindicatos– que las pruebas sean eliminatorias.
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Los resultados del País Vasco en Educación no se corresponden con su elevado nivel de gasto educativo y algunos sospechan que la clave puede estar en el factor lingüístico, entre otras variables.
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Los padres acudieron a informarse a la mayor reunión de colegios y centros de Formación Profesional públicos, privados y concertados de la Comunidad de Madrid con un apartado también de "Colegios en el Extranjero".
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Esta propuesta de pacto es la respuesta a los conflictos que generó el decreto de guarderías cuyo objetivo era garantizar unas condiciones mínimas en los centros infantiles.
Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA, se refirió a las AMPA como “ese gran desconocido, ese gran olvidado”.
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El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado la renovación de 1.956 conciertos educativos para las etapas de Infantil y Secundaria de los centros escolares de Cataluña para el periodo de cuatro años.
Román Rodríguez recordó también que está trabajando en la elaboración de un plan de dinamización de la lengua entre la juventud, con el objetivo permanente de promover y normalizar el gallego.
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El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso de la Generalitat contra la Lomce, en concreto en lo previsto para garantizar la enseñanza en castellano, por invadir competencias autonómicas. En cambio, avala las evaluaciones de ESO y Bachillerato.
