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Lucía Figar ha defendido la retirada de Educación para la Ciudadanía porque era "la religión socialista", sólo había generado "un caos tremendo" en el sistema educativo y vulneraba los principios constitucionales de muchas familias.
Los 2.517 directores de escuelas de Primaria, Secundaria y de adultos de toda Cataluña deberán ser profesionales con una formación acreditada en un plazo de entre cinco y ocho años, según ha aprobado el gobierno catalán.
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La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha adelantado que la reforma educativa que tiene previsto aprobar el Gobierno central buscará la excelencia y premiará el esfuerzo de los alumnos y el "trabajo bien hecho".
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Trabajadores de los Centros de Enseñanza Infantil de la Comunitat Valenciana y padres con sus hijos se han concentrado frente a la Conselleria de Educación para denunciar los impagos del Bono Infantil desde septiembre del pasado año, una deuda que asciende a cerca de 9 millones de euros.
Son unos 800 docentes de esta comunidad que se acogieron en 2010 y 2011 al plan de prejubilaciones voluntarias recogido en la LOE estatal.
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El ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha lamentado la muerte de Germán Sánchez Ruipérez, con quien "desaparece una estirpe de editores que contribuyó decisivamente a la Educación en España".
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El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha considerado "un escándalo" y "una burla" la diferencia que existe en el gasto educativo entre algunas comunidades gobernadas por el PSOE y ha defendido "un cambio de mentalidad" que recompense el trabajo y el esfuerzo en esta materia.
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La consellera de Educación, María José Catalá, ha asegurado que la renta seguirá siendo el criterio "principal" para conseguir ayudas escolares como las de bono libro, comedor o transporte, de manera que "nadie quedará excluido ni desprotegido por razones económicas y sociales".
El retraso de varias administraciones autonómicas en el abono de la partida financiera de 'otros gastos' está obligando a los titulares de centros concertados a adelantar fondos propios o recurrir a préstamos bancarios para pagar costes de funcionamiento, pero otros acumulan ya facturas impagadas.
La mayoría de los sindicatos presentes en la Junta de Personal Docente, STEC, CCOO y UGT, ha rechazado la oferta de empleo público para 2012, que califica de "ridícula", y ha convocado una concentración de protesta ante la confirmación de que finalmente serán 25 plazas.
