La mayoría de las autonomías –aquellas que no gobierna el PP– y organizaciones educativas como los padres de Ceapa y el sindicato CCOO están presentando recursos en los tribunales, o estudian hacerlo, contra el real decreto que regula las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. Aducen, entre otros motivos, que un gobierno en funciones no está capacitado para aprobarlo.







