Madrid observa con creciente inquietud el pulso entre Educación y Trabajo por la situación legal de los auxiliares de conversación que sostienen buena parte de los programas bilingües. La Comunidad podría enfrentarse a una sanción de hasta 38 millones de euros, según la consejería de Educación, en un conflicto que ya ha golpeado a Andalucía —sancionada con 5,2 millones— y que amenaza con extenderse por otras autonomías. En paralelo, Aragón ha logrado anular en Teruel una multa de más de 100.000 euros, un antecedente que refuerza la vía del recurso frente a futuras sanciones. En juego está un modelo que supera los 7.000 auxiliares en todo el país.