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Andalucía y Baleares han llegado a un acuerdo con el Gobierno central para evitar que la Abogacía del Estado impugne sus oposiciones. Lo han logrado ofertando sólo el 30% de las jubilaciones, como exigen los Presupuestos de 2011, y completando el total de plazas asignándolas a la consolidación del personal interino.



