Se presentan los resultados del informe «Cole Seguro: la seguridad de la Educación durante el primer trimestre del curso 2020-21″, que analiza la inversión realizada por las Comunidades Autónomas para garantizar el derecho a la Educación, a cargo de los Fondos COVID del Estado, su traducción en medidas concretas, así como la percepción ciudadana sobre la seguridad en las aulas y las medidas implantadas por los centros escolares y las administraciones públicas.



Así, durante la presentación, Javier Pérez, director de Political Watch, destacó la falta de transparencia y de acceso a la información sobre el uso de los Fondos COVID en materia educativa, por parte de las CCAA:

Nuestro primer objetivo ha sido conocer cómo se han invertido los 2.000 millones de euros de refuerzo presupuestario que han tenido las CCAA en materia de Educación y lo primero que nos hemos encontrado es que este análisis se ha visto obstaculizado por una falta generalizada de transparencia, de acceso a la información y rendimiento de cuentas posterior. Por lo tanto, este informe está basado en la mejor información pública disponible, lo que ha sido un obstáculo para poder tener un control de esta inversión y medir lo que ha supuesto de más este refuerzo presupuestario.

Este informe se limita al análisis de esos 2.000 millones de refuerzo, un 5% de la inversión pública total que disponen las CCAA en materia de Educación, ya que, además de fondos propios, cuentan con fondos estatales, de la UE y de entidades locales.

Para la elaboración de este estudio se ha realizado un examen exhaustivo de más de 10.000 contratos públicos y se ha contado con la opinión de alrededor de 2.500 personas relacionadas con el ámbito educativo y, aunque las consecuencias de la pandemia en la Educación española aún no han podido ser analizadas en su totalidad, a través del proyecto Cole Seguro, se han podido identificar algunas cuestiones relevantes que han incidido e incluso limitado el ejercicio del derecho a la Educación de todos los niños:

• Falta de diagnóstico y de medidas. A pesar del tiempo transcurrido entre cierre de los centros, durante el confinamiento, y el inicio del curso 2020-21, más de la mitad de la comunidad educativa considera que las Administraciones Públicas y los centros no han realizado un adecuado diagnóstico durante el final del curso pasado y tampoco la planificación necesaria para tomar las medidas adecuadas ante las necesidades planteadas por la COVID-19.
• Las familias se enfrentan a un mayor gasto. La crisis generada ha supuesto un aumento en los gastos en materiales y equipos a un 82% de las familias, respecto a cursos anteriores, lo que es especialmente preocupante en el caso de las familias más vulnerables.
• Medidas insuficientes en materia de equidad, según lo indicado por el 51% de la comunidad educativa. En base a la información pública disponible, sólo ocho de los 19 territorios analizados han destinado Fondos COVID-19 a financiar medidas específicas para garantizar la igualdad de acceso a la Educación.

[quote]En cuanto a las medidas de seguridad:
– El 80% ha manifestado saber a quién contactar en el centro en el caso un caso positivo.
– La mayoría de los centros han adoptado los protocolos de entrada y salida y de ventilación.
– De media, en España, se ha aumentado en dos personas la plantilla de profesorado con los Fondos COVID, pero un preocupante 57% de los centros no ha reducido el número de estudiantes por grupo.
– El 54% han habilitado nuevos espacios en el centro y un 9% de los centros indica haber habilitado nuevos espacios en otras instalaciones del municipio.
– Funcionamiento generalizado de grupos de convivencia.
– Reparto desigual de mascarillas: el 15% del profesorado manifiesta que nunca se le proporciona mascarillas, el 27% en el caso de los estudiantes.
– El 90% de los centros han proporcionado gel hidroalcohólico suficiente.[/quote]

• Educación digital con grandes diferencias por tipo de centro y nivel de renta, así como falta de previsión con respecto a las NEE. Aunque las CCAA dicen haber invertido, de media, 22,25€ por estudiante en Educación digital, la mitad de los encuestados considera que las metodologías no se han adaptado lo suficiente a las necesidades online, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o con dificultades de acceso a la información. El 52% cree que la Educación digital, en su centro, esregular o deficiente. El grado de satisfacción varía mucho, dependiendo del nivel de renta y del tipo de centro, siendo las Comunidades Autónomas que han ejecutado mayor proporción de sus Fondos COVID para Educación digital, las que reflejan mayor grado de satisfacción.
• Grave impacto emocional y falta de medidas para la salud mental de los alumnos. El 82% considera que las medidas adoptadas tendrán algún impacto negativo en la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes, y no se han ampliado los servicios de atención psicológica en centros educativos, a cargo de los Fondos COVID, durante el primer trimestre.
• Priorización generalizada del uso de los Fondos COVID en el personal docente (representando en torno al 55% de la inversión total) y seguida, de lejos, por la inversión en educación digital (10%). La mayoría de las Comunidades Autónomas ha prolongado las contrataciones extraordinarias de personal docente más allá del primer trimestre para responder a las necesidades docentes surgidas por la COVID-19 durante el año entero (de septiembre de 2020 a septiembre de 2021); aunque, en algunos casos, solo las prolongarán hasta finales de curso (junio 2021), criterio que ha ido variando a medida que avanzaba el curso.
• La participación de la comunidad educativa ha sido clave en el diseño de medidas.A mayor participación de la comunidad educativa en la elaboración de medidas, mayor satisfacción. Sin embargo, la mitad de la población considera que la comunidad educativa no ha podido participar de las decisiones que se han tomado en el centro en cuanto a la COVID-19.
• Falta de transparencia y de acceso a la información sobre el uso de los Fondos COVID en materia educativa. Es importante destacar el gran número de obstáculos encontrados por Cole Seguro a la hora de realizar un análisis de las inversiones de los Fondos COVID por las Comunidades Autónomas. La transparencia en el uso de los recursos públicos, por parte de las Administraciones Educativas es deficiente, lo cual dificulta la evaluación y el adecuado control sobre las políticas públicas.

[quote]Cole Seguro es un proyecto impulsado por la Plataforma de Infancia y Political Watch. Este informe ha contado con el apoyo económico de la Open Society Initiative for Europe (parte de la Open Society Foundations) y la colaboración de la Fundación Cotec para la innovación.

• Puedes acceder al informe pinchando aquí.
• Puedes ver la presentación del informe aquí.

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