La consejera de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, compareció el pasado 15 de noviembre en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón para informar sobre el presupuesto de su departamento para 2011, que asciende a más de 895 millones de euros, unas cuentas que sitúan a esta Consejería como la segunda del Gobierno de Aragón en cuanto a volumen de gasto.
Los presupuestos de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura para el año 2011 cierran una legislatura en la que las partidas destinadas a políticas educativas se han incrementado un 20% en Castilla-La Mancha, lo que ha permitido modernizar el sistema educativo y alcanzar altas cotas de calidad.
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Bajo su gestión se ha gestado la Ley de Educación autonómica, la primera norma de este ámbito en Cataluña. Una ley polémica por la que echó un pulso a los sindicatos y que, al final, le costó cuatro huelgas generales en su contra.
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“La sensibilización y participación activa de los actores clave, como los padres, son elementos que permiten llegar más fácilmente a un consenso sobre los objetivos estratégicos y las reformas necesarias” en Educación. Esta declaración de la Unión Europea explica el origen del Proyecto Indicadores de Participación de los Padres en la Enseñanza Obligatoria (IPPE) que ha llevado a cabo la Red Europea sobre la Gobernanza en Educación y que el 16 de noviembre pasado se debatió en el Parlamento Europeo. Los resultados, que adelantamos en MAGISTERIO, se harán públicos a comienzos del próximo año.
El PSC ha presentado en su programa electoral la promesa de dar un crédito-salario de 633 euros mensuales, que es el salario mínimo interprofesional (SMI), durante nueve meses a los jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan, los denominados "ni-nis", si se ponen a estudiar y, durante tres meses más, si se ponen a buscar trabajo.
El secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Mario Bedera, ha presidido hoy la reunión en la que se ha constituído la comisión encargada del estudio de la cuantía de los módulos de concierto que debe valorar el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad.
