Este contenido está restringido a suscriptores
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera que la orden dada por Jorge Azcón en abril de 2026 para el despliegue de la concertación general del Bachillerato presenta dudas en cuanto a su validez, porque fue impulsada por un gobierno en funciones, lo que da la razón a 17 entidades y asociaciones públicas que presentaron un recurso contra la misma y ordena la suspensión de su aplicación.






