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Los derechos de las administraciones públicas y de las empresas privadas a la hora de contratar a los candidatos que se ajusten mejor a un perfil demandado, chocan con intereses que son paralelos a las capacidades de los trabajadores. Esto hace que sean numerosas las denuncias contra la vulneración del principio constitucional que indica que las contrataciones (especialmente las de las administraciones públicas) deben basarse en los principios de concurso, mérito y capacidad.